El 28 de marzo de este año, el presidente de la comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas, reconoció ante la Policía Nacional, en Lima, que los abogados Jorge y Frank Chávez Sotelo los instaron a bloquear el corredor minero e impedir el paso de los vehículos de la empresa cuprífera MMG Las Bambas.
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“No teníamos conocimiento [de] si estaba bien o mal, o si era delito, por cuanto desconocemos las leyes. Solamente tomamos en cuenta el asesoramiento de los abogados”, declaró Rojas en la División de Investigación contra el Crimen Organizado de la Dirincri.El último miércoles, durante la audiencia en la que los abogados Chávez y Carlos Vargas Arizabal fueron enviados a 36 meses de prisión preventiva, la titular del Juzgado de Investigación Preparatoria de Tambobamba (Apurímac), Patricia Valencia, tomó en cuenta las declaraciones de Rojas.La magistrada concluyó que quienes instaron a cerrar la vía fueron los asesores legales. “Quienes introducen esta idea en la comunidad de Fuerabamba son los asesores, la de cerrar la vía porque [los comuneros] eran propietarios de este terreno”, explicó la jueza.Gregorio Rojas había narrado ante la policía que los abogados les dijeron que por el fundo de Yavi Yavi no existió un camino antes de que este fuera declarado vía nacional. “Nos indicaron que por Yavi Yavi no había ninguna carretera, y que como propietarios podíamos cerrar en cualquier momento la vía [...] Nos decían que siguiéramos bloqueando la vía y que no pasen los camiones de Las Bambas”, señaló el dirigente.
—La extorsión—
El 16 de mayo del 2018, la comunidad de Fuerabamba envió al gerente general de Las Bambas una carta en la que le exigían el pago de S/500 millones en un plazo de cuatro días. Advirtieron a la empresa que si no hacía el pago, iban a bloquear la vía.Al respecto, Rojas dijo: “El documento fue redactado por los asesores [Chávez Sotelo] junto con la secretaria Noemí Portilla Vargas y la junta directiva, haciendo conocer en una asamblea a los comuneros”.Para la jueza, el hecho de que solo se bloqueara el paso a los vehículos de Las Bambas –mas no de otras personas– es un hecho relacionado al delito de extorsión.Por los delitos de criminalidad organizada y extorsión, los tres procesados podrían recibir hasta 18 años de cárcel. Además, a Frank Chávez la fiscalía lo acusa de tenencia ilegal de armas. Ellos niegan los cargos.
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