El 30 de mayo pasado, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) denegó la licencia universitaria a la Universidad Privada Telesup, alegando que la casa de estudios no había podido cumplir ninguna de las ocho condiciones básicas de calidad que evalúa el ente rector. Dos meses después, Telesup, representada por José Luis Luna Morales —hijo del ex congresista José Luna Gálvez—, denunció al superintendente de la Sunedu, Martín Benavides, por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y cohecho pasivo propio.
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En el documento enviado a fiscalía, al que El Comercio tuvo acceso, José Luna Morales, gerente general de Telesup, solicita ampliar una denuncia previa hecha contra Benavides por abuso de autoridad.
“En la investigación seguida en contra de Carlos Martín Benavides Abanto [...]; por la comisión del delito contra la Administración Pública - Abuso de Autoridad [solicitamos] ampliar la denuncia, en términos de atribuirle los siguientes delitos: patrocinio ilegal y cohecho pasivo propio”, dice el documento.
En su denuncia, Telesup dice que Sunedu otorgó el licenciamiento a universidades después de más de 900 días, “cuando a otras universidades se las evaluó en un plazo inferior”, y que modificó “más de una vez las normas del procedimiento de licenciamiento institucional”.
Así, Telesup dice que Benavides habría “defendido intereses particulares, de las universidades a quienes se benefició con las modificaciones”. También agrega, como sustento al supuesto delito de cohecho, que la Sunedu otorgó el licenciamiento a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM) cuando la esposa de Benavides trabajaba en dicha casa de estudios.
Consultada sobre el tema, sin embargo, la Sunedu respondió que Benavides era solo un consejero cuando se licenció la UARM, y que se abstuvo de participar en su evaluación precisamente para no generar un conflicto de intereses.
“Consta en el acta de la sesión donde se discutió esto que Martín Benavides solicitó su abstención para no participar en la deliberación y votación respecto al tema. El pedido fue atendido”, respondió la Sunedu.
Como sustento a su denuncia, Telesup cita párrafos enteros de un documento titulado “Avance del informe de investigación sobre los presuntos actos irregulares en la Sunedu”, cuya fecha de emisión es el 24 de julio del 2018. Estos párrafos dicen, por ejemplo, que las decisiones de la Sunedu tienen un “componente político e ideológico” y “no un criterio legal, meritocrático y especializado”.
Se trata del avance de un informe elaborado en la Comisión de Educación del Congreso en la legislatura pasada, al que El Comercio también tuvo acceso. Como se recuerda, dicha comisión también pidió en el 2018 facultades para investigar a la Sunedu durante 60 días. El grupo de trabajo estuvo dirigido por la entonces congresista fujimorista Paloma Noceda (hoy en Acción Popular).
Este informe —según declaró el congresista Javier Velásquez Quesquén— serviría como base para la nueva investigación que realizará la Comisión de Educación, ahora presidida por la congresista fujimorista Tamar Arimborgo.
El avance del informe que dirigió Noceda nunca fue publicado, pero para su elaboración se invitó a funcionarios de Sunedu y representantes legales de diversas universidades del país. El documento, de 190 páginas, solo recomienda solicitar al Pleno una extensión de plazo de la investigación por 60 días más.
Como reportó este Diario, la fiscalía también se encuentra investigando los pagos realizados por Telesup al exalcalde de Lima Luis Castañeda, entre el 2011 y el 2014, bajo la presunción de que habrían servido para justificar aportes de OAS y Odebrecht.
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