Desde hace nueve meses, Keiko Fujimori cumple prisión preventiva, por una investigación por presunto lavado de activos, que está a cargo del fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial. Él sospecha que la excandidata presidencial encabezó una organización criminal para lavar los activos de Odebrecht, a través de campañas electorales. Fuerza Popular, su partido, dice que es una persecución política.
Según la última encuesta nacional urbano-rural de El Comercio-Ipsos, el 75% considera que la pesquisa fiscal está justificada. Un 22% cree lo contrario: que es una perseguida política.
Además, el 56% afirma que debe continuar en la cárcel. La Corte Suprema evaluará mañana un recurso de casación presentado por Fujimori para anular su prisión.
“Es lógico. La palabra del fujimorismo está bastante desprestigiada. También vemos que hay una justicia contra todos, una que no discrimina”, opinó la analista política Mabel Huertas.
Un alto porcentaje –mayor que sobre Fujimori– también cree que las investigaciones a los expresidentes y los exalcaldes implicados en el caso Lava Jato están justificadas.
“Muy pocas personas defenderían a un político. La mayor parte duda de ellos, sean culpables o no”, sostuvo el politólogo Paolo Sosa. Resaltó que, si bien Fujimori ha perdido apoyo, “llama la atención” que haya un porcentaje de gente mayor respecto a otros políticos que siga opinando a favor de ella.
Para Huertas, esta percepción “legitima” el trabajo del equipo especial. En tanto, Sosa consideró que si bien “hay virtud” en su labor, ello está más relacionado con la desconfianza “muy fuerte” frente a los políticos.
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