Al escndalo de corrupcin protagonizado por la empresa brasilea Odebrecht, que implica a los gobiernos de los ex presidentes Ollanta Humala, Alan Garca y Alejandro Toledo, se suman cientos, si no miles, de casos de este tipo en los gobiernos regionales y locales en los ltimos aos.
Un informe de la Procuradura Anticorrupcin revel en el 2014, por ejemplo, que el 92% de los alcaldes en todo el pas estaban siendo investigados por presuntos actos de corrupcin vinculados a los delitos de peculado de uso, malversacin de fondos, negociacin incompatible y colusin. Es decir, 1.699 de los 1.841 alcaldes en ese entonces tenan una investigacin en la fiscala o un proceso abierto en el Poder Judicial.
[embed:1637614]
Hace unos das, el presidente de la Repblica, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), seal en una entrevista televisiva en CNN que declarar todo el pas en emergencia lo que permitira a los gobiernos locales y regionales contratar bienes y servicios sin licitacin pblica significara abrir la puerta a la corrupcin por la poca calidad de los gobiernos municipales en el pas.
Estas afirmaciones reavivaron la polmica entre el mandatario y el alcalde de Lima, Luis Castaeda Lossio, quien ayer lo volvi a cuestionar.
El presidente ofendi a todos los alcaldes del Per. Yo quiero decirle a PPK que hay que trabajar, no ofenda a todos los alcaldes del Per, no generalice [] No creo que sea un buen mensaje de un presidente decir a los alcaldes que son coimeros, no pues, expres el burgomaestre.
El lunes, Luis Castaeda Lossio ya haba lanzado su primera crtica sealando que el ladrn cree que todos son de su misma condicin, en respuesta a los cuestionamientos del mandatario por la cada de un puente en La Libertad.
Ayer PPKrespondi diciendo que este tipo de palabras no correspondan a un dilogo alturado en un momento como el que afronta el pas.
Lo cierto es que, ms all de los dimes y diretes entre el alcalde Luis Castaeda Lossio y el presidente Kuczynski, las cifras de la contralora muestran los niveles de corrupcin en los tres niveles de gobierno, en especial de los locales y regionales, quienes estaran exonerados de los procesos de seleccin en el caso de una declaratoria de emergencia.
Para muestra un botn En el Per, se estima que el costo de la corrupcin es de aproximadamente S/10 mil millones anuales, lo que equivale a alrededor del 10% del presupuesto nacional.
En el 2016, la Contralora General de la Repblica pudo contabilizar, en base a las investigaciones y procesos judiciales que monitore, el perjuicio econmico de este tipo de delitos: casi S/500 millones de prdidas por corrupcin estaban siendo investigados.
Si se extiende el perodo, la contralora detect, desde enero del 2013 hasta fines del 2016, 5.920 funcionarios denunciados penalmente: 1.043 del Gobierno Nacional, 1.156 de gobiernos regionales y 3.721 de municipalidades. El perjuicio econmico fue de casi S/1.500 millones.
Un caso emblemtico es, por ejemplo, el del ex alcalde provincial de Chiclayo Roberto Torres Gonzales, quien enfrenta 18 investigaciones y procesos judiciales por presunta corrupcin de funcionarios.
Asimismo, la reciente condena a prisin del ex alcalde de San Juan de Lurigancho Carlos Burgos y la del ex alcalde y gobernador del Callao lex Kouri evidencian que la corrupcin es algo endmico en nuestro pas.
Posible causa Para el ex contralor Fuad Khoury, el problema de la corrupcin en el mbito local y regional se inicia por un proceso de descentralizacin que elev las responsabilidades a gobiernos locales y regionales sin criterios tcnicos. Fue una descentralizacin econmica mas no tcnica, afirm.
Asimismo, record el terremoto en Pisco, donde muchas de las donaciones y los materiales de construccin no llegaron a las zonas afectadas por la mala administracin, no solo del Gobierno Central, sino de los alcaldes.
Es correcta la decisin del presidente [de no declarar la emergencia nacional]. El gobierno tiene razn en expresarse de esa manera porque en el pasado ha habido corrupcin. Lo sucedido en el sismo de Pisco es evidencia de ello, anot.
MS EN POLTICA
-