La dilación del debate sobre el proyecto de adelanto de elecciones en el Congreso no solo parece pasarle factura al presidente Martín Vizcarra o al respaldo a la propuesta en sí —como dio cuenta este Diario el último domingo—, sino también al propio Poder Legislativo que encabeza Pedro Olaechea.
Esto se desprende de una encuesta de Ipsos Perú para El Comercio. Mientras el 78% de peruanos considera que el Parlamento tiene una actitud obstruccionista frente a la iniciativa del Ejecutivo, solo un 13% ve una posición colaborativa. Pero esa percepción, para los ciudadanos, no solo es en base a dicha propuesta, sino a la relación general entre ambos poderes.
Para Percy Medina, jefe en el Perú de IDEA Internacional, tal panorama no solo influye en la disminución de la aprobación de Vizcarra o la baja popularidad del Congreso, sino que impacta al conjunto del sistema político. “Toda esta situación muy coyuntural va a impactar tarde o temprano en la visión de largo plazo que la gente tiene de sus instituciones”, sostiene.
A su juicio, los peruanos reconocen que el proyecto está empantanado y no tiene visos claros de solución, debido a que se requiere un alto número de votos en el Congreso, no se han logrado aún los consensos políticos suficientes alrededor del tema y a la incertidumbre respecto de los plazos. “Las cifras son abrumadoras. Prácticamente, el 80%, o sea 4 de cada 5 personas, es consciente de la situación de bloqueo que hay entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y de la dificultad que hay para que encuentren un camino dialogado de salida a esta crisis”, señala.
La periodista Mabel Huertas coincide con Medina al sostener que la ciudadanía percibe que hay “estrategias dilatorias” en el Congreso, evidenciadas en la consulta a la Comisión de Venecia o “la poca prioridad que le dieron en un inicio” en la Comisión de Constitución.
Por su parte, el analista político Luis Nunes apunta que la crisis en torno al proyecto de adelanto de elecciones es un capítulo más de una relación entre el Ejecutivo y el Congreso que empezó mal desde que se conocieron los resultados de las elecciones generales del 2016.
“En algunos casos, más que obstruccionista, la estrategia ha sido dilatar, exponer argumentos distractores, refugiarse en leguleyadas para complicarle la vida al Ejecutivo. Pero así es la lucha política, que en muchos casos es politiquería”, opina Nunes.
Sin embargo, Huertas, también miembro de 50+1, grupo de análisis político, asevera que el jefe de Estado también ha contribuido a esa imagen. “Está claro que el presidente está en una campaña contra el Congreso y pro proyecto de ley, lo hace a través de todas las herramientas que tiene, hay un incremento de participaciones en eventos protocolares y a todos los que va tiene un discurso que se repite: de enfrentar al Congreso, enarbolar la lucha contra la corrupción y dejar entrever que esta viene del Congreso”, refiere.
—Aprobación a Olaechea y al Congreso—Desde el inicio de sus casi dos meses como presidente del Congreso, Pedro Olaechea ha cargado no solo con la debilitada imagen de dicho poder del Estado, sino con la tarea de ser la cabeza de la institución que definirá el futuro del proyecto del Gobierno para recortar el mandato y adelantar las elecciones generales.
Las cifras respecto a la percepción obstruccionista del Congreso se relacionan, en esa línea, al desprestigio que este enfrenta en términos generales. El respaldo a la gestión de Olaechea pasa de 18% en agosto a 15% en setiembre, mientras que su desaprobación aumentó de 55% a 60% en el mismo período.
Así, para Huertas, Olaechea está en medio del debate “de manos atadas”. “La influencia que él pueda tener sobre el fujimorismo es nula. Es más bien al revés, son los fujimoristas los que están dictando el ritmo del Congreso”, asevera.
El corolario de esta historia es que, en general, la popularidad de la también llamada representación nacional se mantiene muy baja, sin mayores variaciones porcentuales a comparación de mes pasado. Nunes lo atribuye a escándalos de congresistas, a las “pésimas políticas comunicaciones del Legislativo y al discurso antipartidos, que es muy popular en el Perú”.
Sin embargo, la desaprobación actual del Congreso dista del pico que logró exactamente hace un año (83%). La disputa de entonces —más grave para Huertas, en base a las cifras— giró en torno a la cuestión de confianza realizada por el Ejecutivo por cuatro reformas constitucionales sometidas a referéndum, y referida a la conformación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el financiamiento de organizaciones políticas, la prohibición de la reelección inmediata de legisladores y la bicameralidad. Finalmente, salvo la última, todas fueron aprobadas en la consulta popular.
Aquel setiembre del 2018, en ese contexto, el entonces presidente del Congreso, Daniel Salaverry, registró una aprobación del 12% y una desaprobación del 68%. Un año después y pese a mantenerse el clima de confrontación, Olaechea parece tener mejor suerte en las cifras.
Aparecen lejanos y breves aquellos meses de agosto y setiembre del 2016, al inicio del actual quinquenio, en los que la aprobación del Congreso estuvo por encima de su desaprobación. El resto es historia. Y cómo se vaya a escribir el siguiente capítulo de esta tiene como eje central, por ahora, a un proyecto que avanza en medio de la tempestad.