El expresidente Alejandro Toledo pasó su segundo día detenido en Estados Unidos por decisión de autoridades judiciales de este país, que lo ha calificado como un “fugitivo” de la justicia peruana.
El Comercio accedió a la demanda aceptada por el juez Thomas S. Hixson de la Corte del Distrito Norte de California —que fue emitida el lunes 15 de julio pero ejecutada la mañana del martes—, luego de la cual se ordenó la detención de Toledo Manrique como parte del pedido de arresto con fines de extradición que el Estado Peruano presentó en febrero del 2017, en el marco del Caso Odebrecht.
“Por lo tanto, los que suscriben solicitan que se emita una orden de arresto contra Alejandro Toledo Manrique de conformidad con 18USC 3184 y el tratado de extradición entre Estados Unidos y Perú, para que el fugitivo pueda ser arrestado y llevado ante este tribunal hasta el fin de que las pruebas de criminalidad puedan ser escuchadas y consideradas”, indica el documento.
El documento lleva la firma del juez Hixson. La demanda contra Toledo fue impulsada, se precisa, por la representante del Departamento de Justicia, Elise LaPunzina. Una especie de fiscal para el caso.
“En este asunto, represento a los Estados Unidos en el cumplimiento de su obligación de tratado con Perú”, sostiene la fiscal en el documento reseñado por el magistrado.
“Existe un tratado de extradición vigente entre los Estados Unidos y Perú, el tratado de extradición entre los Estados Unidos de América y la República de Perú, Estados Unidos, Perú, 26 de julio de 2001”, se agrega.
Son 41 hechos los que la fiscalía de Estados Unidos ha postulado contra el exjefe de Estado, según el documento judicial.
Estos cargos serán analizados este viernes por el magistrado norteamericano en una audiencia en la que también participará Toledo Manrique.
Como se recuerda, el exlíder de Perú Posible fue arrestado este martes en su casa de Menlo Park (California). Inmediatamente, fue conducido ante el juez Hixson para luego quedar detenido hasta el viernes.
Mañana, más detalles de la resolución del juez Thomas Hixson en la edición impresa de El Comercio.