Los congresistas suspendidos Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel solicitaron su reincorporación al Congreso en noviembre pasado, según pudo conocer El Comercio. La información fue confirmada por la legisladora Maritza García, quien también se encontraba sancionada y volvió al Parlamento este sábado gracias a una orden judicial.
Ramírez dirigió una carta al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, el pasado 14 de noviembre para tramitar su regreso. En esta argumenta que ya cumplió el periodo máximo de suspensión que señala el artículo 24 del reglamento del Congreso.
“El artículo 24° del Reglamento del Congreso de la República establece que los congresistas pueden ser sancionados, con suspensión en el ejercicio del cargo y descuento de sus haberes desde tres hasta ciento veinte días de legislatura”, señaló en la carta.
Ramírez agregó que el 17 de junio pasado, el Poder Judicial inició investigación preparatoria formal en su contra por los presuntos delitos de cohecho activo genérico y tráfico de influencias. “La misma finalizará aproximadamente en el mes de febrero de 2019, ampliable por ocho meses más”, detalló.
“Si bien se me ha imputado la presunta comisión de delitos, esto no basta para que se me considere responsable […] resulta desproporcional que continúe en situación de suspendido de mis funciones como congresista, más aún cuando han transcurrido en exceso los 120 días de suspensión de la legislatura”, dijo.
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Según detalló la congresista García, su colega Bocángel apeló a los mismos argumentos para solicitar su reincorporación. “Ellos ya deberían retornar, pero aquí la práctica parlamentaria quiere estar por encima de la ley y la justicia”, dijo.
Ramírez y Bocángel fueron suspendidos de sus funciones el pasado seis de junio, por decisión del pleno del Congreso. La misma medida se tomó contra Kenji Fujimori. Los tres fueron denunciados constitucionalmente por la presunta negociación de votos para evitar la vacancia del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski.
Los citados parlamentarios no agrupados fueron acusados de los presuntos delitos de cohecho activo genérico y tráfico de influencias. El pleno decidió suspenderlos mientras dure el proceso penal en su contra, pero ellos cuestionan ese plazo indefinido.
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