La Comisión de Fiscalización del Congreso, que preside el fujimorista Segundo Tapia, acordó el último 4 de setiembre solicitar un plazo adicional de 90 días para seguir investigando la adenda del contrato del Aeropuerto de Chinchero, en el Cusco, firmada cuando el hoy presidente Martín Vizcarra era ministro de Transportes.
¿Es válido este pedido de investigación o se debe a intereses políticos? Una encuesta de El Comercio, realizada por Ipsos Perú entre el 11 y 13 de setiembre, arroja que para un 55% de entrevistados la motivación es política, mientras que para un 43% sí es válida. Solo un 2% no precisó su postura.
La pregunta se hizo tomando como base el total de entrevistados que estaban informados sobre la adenda que en su momento benefició a la firma Kuntur Wasi, durante la gestión del expresidente Pedro Pablo Kuczynski.
¿Pero qué tanto conoce la población de este proyecto? Un 54% respondió que no está informado de la referida obra, mientras que otro 44% señaló que sí lo estaba. La cifra sube cuando se consulta si la obra debe ser construida o no. El 79% indicó que sí debería ejecutarse, en tanto un 18% opinó que no.
Un 65% que esta informado del proyecto también manifestó que sí conocía que la adenda, que luego se anuló por los cuestionamientos, se acordó en la gestión de Kuczynski.
-Participación de Martín Vizcarra-En otro momento a las personas se le consultó su opinión sobre la participación del entonces ministro Vizcarra respecto a la adenda de la obra aeroportuaria.
Pese a que una mayoría considera que la investigación de la Comisión de Fiscalización sobre el caso Chinchero tiene motivación política, un 36% percibe que Vizcarra fue el responsable de la adenda y hubo corrupción.
Un 24% dijo que Vizcarra fue el responsable pero no hubo corrupción, mientras que para un 10% el hoy mandatario no tuvo responsabilidad y tampoco hubo corrupción. Finalmente, un 22% señala que el hoy jefe de Estado no tuvo responsabilidad, pero sí hubo corrupción, y un 8% no precisa.
El ex fiscal adjunto del Caso Fujimori, Avelino Guillén, comentó que, al igual que el 55% de encuestados, también cree que “la decisión de la Comisión de Fiscalización de reabrir la investigación del caso Chinchero es una medida de carácter político”.
Esto porque en su opinión se busca argumentos para justificar un pedido de vacancia en la probabilidad de que el Ejecutivo presente cuestión de confianza por el proyecto de adelanto de elecciones, “con la consecuencia de un probable cierre del Congreso”.
Consultado por el 36% que considera que el presidente Martín Vizcarra fue el responsable de la adenda al contrato y que sí hubo corrupción en ese hecho, Guillén comentó que la opinión pública tiene una percepción generalizada de que toda actuación pública, sea del Ejecutivo, Legislativo y Poder Judicial, “está con una sombra de corrupción”.
“Existe una elevada percepción de sospecha, cuestionamiento y duda en relación al desempeño funcional de cualquier cargo”, añadió en diálogo con este Diario.