La investigación fiscal por la concesión del Gasoducto Sur Peruano continúa avanzando. Esta vez, cuatro exministros del Gobierno de Ollanta Humala aparecen en escena para ser investigados por el presunto delito de colusión.
Así lo dispuso la fiscal a cargo del caso, Geovana Mori, integrante del equipo especial Lava Jato, el 20 de setiembre pasado. En el caso ya vienen siendo investigados exfuncionarios, exejecutivos de Odebrecht y abogados que emitieron informes sobre el caso. Además, una de las principales implicadas es la exprimera dama, Nadine Heredia.
A continuación, qué investiga la Fiscalía en el caso Gasoducto Sur Peruano, quiénes son los exministros incluidos en la pesquisa y qué le imputa la Fiscalía a todos ellos.
1. ¿Qué es el proyecto Gasoducto del Sur?
Es un proyecto para transportar gas natural desde Cusco hasta Ilo, con un recorrido de ductos por Cusco, Puno, Arequipa y Moquegua, que supera los 1000 kilómetros de distancia. Se tiene previsto que el primer tramo del Gasoducto del Sur esté listo en el 2022.
El proyecto tuvo sus inicios en el segundo gobierno de Alan García Pérez. En un inicio iba a estar a cargo de la empresa Kuntur Transportadora de Gas, que después fue adquirida por Odebrecht. La compañía se comprometió a invertir US$1.330 millones en tres años.
Es en el 2014, durante el gobierno de Ollanta Humala, que se reactiva la licitación. El consorcio Gasoducto Sur Peruano (integrado por Odebrecht y Enagás) ganó la buena pro con una oferta económica de US$ 7.328 millones, monto menor a lo establecido en las bases de la licitación. En setiembre de 2015, la Contraloría General de la República detectó irregularidades en el concurso del proyecto.
2. ¿Qué se investiga en el caso Gasoducto?
La Fiscalía investiga la presunta existencia de un pacto colusorio en las concesiones por el Gasoducto Sur Peruano. De acuerdo a la tesis fiscal, el Comité de Proseguridad Energética, que tenía a su cargo la licitación, habría descalificado indebidamente al consorcio competidor con informes de los estudios de abogados Echecopar y Delmar Ugarte. Resultó ganador el Consorcio Gasoducto Sur Peruano (Odebrecht y Enagás).
“En ese trámite se descalificó al Consorcio Gasoducto Peruano del Sur a pesar que las bases no preveían la trasgresión insubsanable atribuida y con informes legales de empresas vinculantes con el postor competidor que finalmente resultó ganador”, apunta la fiscal.
Para el equipo especial, el gobierno del expresidente Ollanta Humala habría favorecido a la constructora brasileña, con la promulgación de la Ley 29970. La fiscal señala que esta norma fue utilizada como marco legislativo para el origen del proyecto Gasoducto Sur Peruano. “El dispositivo legal se aprobó por gestiones realizadas directamente por la exprimera dama, Nadine Heredia, con su personal de confianza Malka Maya Albarracín”, señala la Fiscalía.
3. ¿Quiénes han sido incluidos en la investigación?
Por el presunto delito de colusión, la fiscal Geovana Mori ha incluido en la investigación preliminar a cuatro exministros del gobierno de Ollanta Humala, por su participación como miembros del Consejo Directivo de Proinversión.
Serán investigados por este caso: Jorge Merino Tafur, Luis Miguel Castilla Rubio, Carlos Paredes Rodríguez y René Cornejo.
La fiscal explica que pueden ser incorporados a la investigación, pues en el caso de los cuatro exfuncionarios se ha vencido el plazo del beneficio del antejuicio político. “Han transcurrido más de cinco años desde que han cesado de sus funciones respectivamente en sus cargos de ministro cada uno en sus carteras ministeriales”, indica.
4. ¿Qué se les imputa?
Jorge Merino (exministro de Energía y Minas)
La Fiscalía sostiene que se interesó “en forma directa en el contrato de concesión otorgado a la empresa Kuntur Transportadora de Gas, favoreciendo a dicha empresa con la suspensión del plazo de evaluación del cronograma (…) hasta que finalmente solicitaron la terminación de su contrato y devolución de su carta fianza”.
Se le imputa “coludirse con los representante del tercero beneficiado (Odebrecht), a través de sus representantes Luiz Fernando Castro, Rodney Rodríguez y Claudia Hokama Kuwae, con la finalidad de mantener durante años suspendido el plazo de evaluación del cronograma de ejecución” del proyecto.
Además, “haber solicitado a Proinversión incorporar el proyecto ‘Mejoras de la Seguridad Energética y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano’ al proceso de Promoción de la Inversión Privada”.
Se le imputa haber participado en la reunión donde se acordó crear un comité “específico” para llevar a cabo los procesos de promoción de la inversión privada que se efectúen bajo la Ley 29970. “Se crea el comité Pro seguridad energética designando como miembros a profesionales cercanos al ejecutivo y otros con conflictos de intereses”, se lee en la disposición fiscal.
“En su calidad del miembro del Consejo Directivo, se vislumbra la injerencia del Consejo Directivo, en las decisiones trascendentales para la consecución del desarrollo del proceso de concesión”, por la creación de un comité especial y por las sucesivas modificaciones al cronograma del proceso que llevó al retraso del inicio de la licitación del proyecto, añade Mori.
En su disposición, acota que “tuvo injerencia en reuniones con representantes de empresas y/o eventuales participantes de consorcios y/o postores (...) lo cual excedería las funciones atribuibles como miembros de Consejo Directivo”.
La fiscal también recoge el testimonio de un testigo reservado, al imputarle su participación en el retraso del inicio de la licitación internacional del Gasoducto Sur, a finales de 2013 e inicios de 2014. “Jorge Barata se comunica con Nadine Heredia y le pide retrasar el inicio de la licitación internacional (…) ella accede y hace las gestiones, (…) siendo que ella comentaba que despachaba con el Ministro de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur en Palacio de Goierno, en el mismo salón que despachaba el presidente Ollanta Humala (…)”, indicó el testigo.
Luis Miguel Castillo (Exministro de Economía y Finanzas)
El equipo especial le atribuye haber participado en una sesión no presencial, “en la que se acordó modificar el cronograma del proceso contenido en el Anexo 9 de las Bases del Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en Concesión del Proyecto ‘Mejoras a la seguridad energética del país y desarrollo del Gasoducto Sur Peruano’”.
La fiscal añade que los acuerdos del Consejo deben ser adoptados con la presencia de los integrantes del Consejo Directivo de Proinversión. Así, consigna seis reuniones en total que no fueron presenciales y en las que se tomaron acuerdos.
Castilla también habría tenido "injerencia en reuniones con representantes de empresas y/o eventuales participantes de consorcios y/o postores (...) lo cual excedería las funciones atribuibles como miembros de Consejo Directivo”.
Carlos Paredes (Exministro de Transporte y Comunicaciones)
La Fiscalía le imputa haber participado en la reunión donde se acordó crear un comité “específico” para llevar a cabo los procesos de promoción de la inversión privada que se efectúen bajo la Ley 29970. “Se crea el comité Pro seguridad energética designando como miembros a profesionales cercanos al ejecutivo y otros con conflictos de intereses”.
Además, la fiscal Mori le atribuye haber sido parte de la sesión donde se aprobó la versión final del contrato de concesión del proyecto ‘Mejoras a la seguridad energética del país y desarrollo del Gasoducto Sur Peruano’, sin advertir la modificación a una cláusula que habría beneficiado al consorcio.
René Cornejo (Exministro de Vivienda)
El equipo especial también le imputa participación en reuniones del Consejo Directivo, donde se acordó modificaciones al cronograma del proceso que aparece en las bases del concurso para la entrega de la concesión.
Cornejo también habría tenido injerencia en reuniones con representantes de empresas o eventuales participantes de consorcios, de acuerdo a la tesis fiscal.
5. Otros investigados
La fiscal Geovana Mori también ha dispuesto incluir en la investigación por el caso Gasoducto Sur a Miguel Ronceros Neciosup, Manlio Alessi Remedi, Emilio Juan Brignardello Vela, Constantino Galarza, Ana Reátegui Vela, y los periodistas Arturo Valverde Pastor y Víctor Andrés Ponce, por el presunto delito de lavado de activos.
En declaraciones a este Diario, René Cornejo afirmó no haber sido notificado aún sobre la disposición fiscal que dispone la investigación, tras señalar que él venía participando en la investigación en calidad de testigo.
En el caso de Carlos Paredes, su asistente respondió que el exministro no se encuentra en Lima y que hoy no sería posible comunicarnos con él. Buscamos contactarnos sin éxito con Luis Castilla y Jorge Merino.
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