El Poder Judicial evaluó este miércoles el pedido de la Procuraduría ad hoc del Caso Lava Jato para incrementar el monto de la reparación civil en el caso de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán a US$20 millones.
El juez Jorge Chávez Tamariz, a cargo del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, dejó al voto el pedido, y anunciará su decisión a las partes.
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Durante la audiencia, el abogado Miguel Chero Pretel, representante de la procuraduría, sustentó el requerimiento en base a los “nuevos hechos y nuevas personas involucradas” en la investigación.
Detalló que las declaraciones de los colaboradores eficaces 101-2019 y 105-2019 permitieron esclarecer que el dinero que recibió Susana Villarán habría sido de US$10 millones y no US$4 millones como inicialmente se presumió. Además de lo señalado por el exjefe de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata.
“Se ha establecido que el Estado ha sufrido mayores daños a los indicados en nuestra pretensión inicialmente propuesta. Se tenía entendido que Susana Villarán no habría recibido los $4 millones inicialmente señalados, sino $10 millones de dólares”, indicó.
Chero Pretel explicó que el pedido fue hecho bajo los criterios de prevención y de disuasión para que “los que pretendan realizar actos irregulares tengan la plena conciencia que el monto que se les va a imponer como reparación civil va a ser muy superior”.
La procuraduría también informó que de las 18 personas procesados por este caso, solamente cuatro presentaron su oposición en el plazo de ley.
Ellos son Guillermo Loli Ramirez, fundador de la Asociación Amigos de Lima; Domingo Arzubialde Elorrieta, funcionario de la Municipalidad de Lima durante la gestión de Susana Villarán; Gabriel Prado, exgerente municipal; y Leo Pinheiro; expresidente de OAS.
“Este último desistió de su oposición”, señaló el abogado Chero Pretel en referencia a Pinheiro.