Pensar que lo que se trabajaba en el Congreso era una reforma electoral fujimorista ha sido un gran error, pero que esta no prospere sí puede ser plena responsabilidad de la mayoría parlamentaria.Luego del encargo de la Comisión de Constitución en agosto del año pasado, el Grupo de Trabajo de Reforma Electoral (GTRE) ha concluido su labor entregando un informe que contiene una propuesta de ley electoral, que en realidad es un Código Electoral, de poco más de cuatrocientos artículos. Este parto no ha sido fácil, pues de los nueve meses, no todas las bancadas tomaron desde el inicio el interés por una reforma que es de indudable importancia para la marcha del país. Felizmente, el GTRE, coordinado por la congresista Patricia Donayre, pudo abocarse a discutir y aprobar gran parte del texto, por consenso de sus miembros.Esto fue posible, más allá del trabajo de congresistas y asesores porque, sobre todo, se tomó como base el Código Electoral elaborado en los últimos años por los organismos electorales. Haber decidido elaborar un Código Electoral ha sido el mejor camino, debido a que en un solo texto se ha sistematizado más de una decena de normas que de manera dispersa han estado aplicándose en nuestro país y porque un código permite la unicidad y coherencia normativa que reformas parciales jamás lograrán. Es pues el mayor avance que hemos tenido en años de infructuoso esfuerzo.Pero este avance, que es lo más cerca que hemos tenido de reforma electoral, puede tornarse trunco en poco tiempo, si la Comisión de Constitución no termina el proceso de aprobación, cuya fecha límite debe ser a más tardar a fin de año. Discutir si el GTRE puede o no elaborar un dictamen es secundario, ante el destino que puede tener el informe, que debe ser el texto base y principal de la discusión.Hay que ser conscientes de que los parlamentarios suelen ser conservadores en temas de reforma electoral. Prefieren, en muchos casos, lo malo conocido y un Código Electoral puede provocar más pánico que aliento. Sin embargo, en más de un ochenta por ciento corresponde a aspectos procesales u otros temas en donde no debería haber discusión y que, además, forma parte de la normatividad vigente.Es en ese porcentaje restante en el que se debe concentrar la discusión. Pero el riesgo es que esta pase por intervenciones individuales de congresistas que desearían modificar el texto a su buen entender, despedazando algo que tiene justamente una coherencia interna. Por eso hemos insistido en que la reforma electoral, que debe ser acompañada por una reforma política con cambios constitucionales, como la bicameralidad, exige un acuerdo político de las bancadas. Sin acuerdo, no hay reforma y sin reforma, no hay mejora en la política. A estas alturas hay que terminarla, pues esto ya es un tema de supervivencia.
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