La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación ante las denuncias de la “falta de publicidad y transparencia” en el proceso de selección de seis magistrados del Tribunal Constitucional (TC) en el Congreso.
“Hacemos un llamado a las instancias nacionales competentes para que adopten las medidas necesarias para garantizar que este proceso de selección observe los más altos estándares conforme a los estándares interamericanos a fin de asegurar su independencia” , indicó Joel Hernández, relator para Perú de la comisión.
La semana pasada, la bancada del Frente Amplio envió una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que se pronuncien sobre la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional (TC).
Los oficios estaban dirigidos al relator para Perú de la CIDH y al relator especial para la independencia de jueces y abogados del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. “Ante intento de captación política de magistrados del Tribunal Constitucional que, en anterior momento fue manoseado por el fujimorismo y aliados, como aconteció el año 2013, hemos solicitado pronunciamiento de CIDH y relator ONU sobre independencia judicial”, informó el congresista Marco Arana (Frente Amplio).
La CIDH señaló que, según la información que ha recibido, no se habrían hecho públicos los criterios de selección de los once candidatos por parte de la comisión presidida por Pedro Olaechea, ya que el acta del debate del 18 de setiembre solo menciona los nombres a criterio de este grupo de trabajo.
“Durante dicho proceso de selección y deliberación, no se habrían facilitado espacios de participación de las organizaciones de la sociedad civil”, advierte el texto.
La CIDH también tomó en cuenta el pronunciamiento de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales (ANGR) que exhortó al Congreso a suspender la elección de miembros del TC y las declaraciones del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos, quien dijo que “por el momento que vive el país se debería hacer en un marco de consenso y, sobre todo, de transparencia”.
“La Comisión considera que, los riesgos que conllevan en sí mismos los nombramientos a cargo de órganos políticos, se incrementan por la falta de especificación de criterios objetivos de selección que garanticen que los operadores de justicia sean personas íntegras, las más idóneas, que cuenten con la formación y calificaciones jurídicas apropiadas, de acuerdo con la singularidad y especificidad del acuerdo que van a desempeñar”, indican.