La Comisión Permanente del Congreso de la República sesionará este miércoles 12 de febrero en el Palacio Legislativo, tras la convocatoria hecha por su presidente, Pedro Olaechea.
La citación es a las 10 a.m. en el hemiciclo del Parlamento Nacional y está firmada por el oficial mayor, Giovanni Forno.
En la sesión del pasado 5 de febrero, la Comisión Permanente aprobó el informe sobre el Decreto de Urgencia (DU) 023-2019, que prorroga hasta el 22 de diciembre del 2022 la vigencia de beneficios tributarios contemplados en la Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado.
El objetivo de la norma es facilitar el retorno de los peruanos que residen en el extranjero, independientemente de su situación migratoria, mediante incentivos y acciones que propicien su adecuada reinserción económica y social y que contribuyan con la generación de empleo productivo.
También aprobó, por mayoría, el informe de evaluación del Decreto de Urgencia 017-2019, que establece medidas para la implementación del Aseguramiento Universal de Salud.
El coordinador del grupo de trabajo encargado de evaluar la norma, Héctor Becerril, al sustentar el informe, informó que hay un déficit de más de 17 mil médicos en todo el país, de 24 mil técnicos y 14 mil trabajadores administrativos en todos los nosocomios nacionales.
Dijo que se prevé que en el 2025 habrá un déficit de 49 mil técnicos y administrativos. Indicó, asimismo, que en el 2018 había un déficit de infraestructura hospitalaria de un 55%. Consideró que así como está la situación, no podrá concretarse el Aseguramiento Universal de Salud.
Del mismo modo, con catorce votos a favor y una abstención, la Comisión Permanente aprobó el informe del grupo de trabajo encargado de examinar el Decreto de Urgencia 036, que modifica la Ley 29649, Ley que crea la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas (UNAAA).
Finalmente, con 7 votos a favor 5 en contra y 4 abstenciones, se aprobó el informe de evaluación del DU 025-2019, que modifica la Ley del Impuesto a la Renta, la Ley 30734, Ley que establece el derecho de las personas naturales a la devolución automática de los impuestos pagados o retenidos en exceso y el Decreto Legislativo 1372, Decreto Legislativo que regula la obligación de las personas jurídicas y/o entes jurídicos de informar la identificación de los beneficiarios finales.
En las conclusiones del informe se advierte que dicho decreto de urgencia regula materia tributaria, lo cual representa una contraversión al artículo 74 de la Constitución y a los principios constitucionales tributarios como legalidad y reserva de ley.
Sin embargo, precisa que declarar la inconstitucionalidad representaría un riesgo para la subsistencia de las organizaciones y asociaciones sin fines de lucro que sí llevan a cabo una labor social importante en el país.