El último miércoles 20 de marzo, cumpliendo el plazo previsto tras su creación en diciembre pasado, la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, presidida por el politólogo Fernando Tuesta entregó su informe de propuestas de reformas al presidente Martín Vizcarra.
El informe que contempla doce proyectos de ley propone reformas en torno a las organizaciones políticas, la inmunidad parlamentaria, la gobernabilidad, el control político, entre otros puntos.
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Al respecto, El Comercio consultó con los voceros de las bancadas del Frente Amplio, Alianza por el Progreso, Nuevo Perú, y con el congresista Gilbert Violeta, de Concertación Parlamentaria, para saber sus opiniones de estas propuestas.
1. Inmunidad Parlamentaria
La comisión plantea que los procesos penales contra congresistas sean de “competencia exclusiva de la Corte Suprema” en cuanto a delitos comunes. Además, propone que el Congreso pueda, con el voto de los dos tercios del número legal de sus miembros, suspender o no al congresista mientras dure el proceso iniciado en su contra cuando se trate de delitos dolosos con pena mayor a cuatro años”.
En diálogo con El Comercio el vocero alterno del Frente Amplio, Hernando Cevallos, dijo que su bancada respalda la modificación de esta condición parlamentaria tal como está en la actualidad, pero no lo propuesto por la comisión. “No se puede hacer abuso de la inmunidad parlamentaria, pero pensamos que el Congreso debe tener la atribución [...] en el plazo menor de las 24 horas”, afirmó.
Cevallos añadió que el grupo de trabajo no ha contemplado que el Poder Judicial no es un ente “incólume y puro” y que no necesariamente siempre toma las decisiones más apropiadas.
El vocero titular de Alianza por el Progreso, César Vásquez, afirmó que su bancada respalda totalmente esta iniciativa, pero que deberá ser mejorada en las comisiones del Congreso.
“Hay que ponerle los detalles para que la inmunidad no se utilice para buscar impunidad o como escondite de gente que está inmersa en problemas de corrupción o de índole judicial [...]. Si se dan esos candados [a la propuesta] ayudarán”, dijo.
Por su lado, el vocero de Nuevo Perú, Richard Arce, calificó de interesante la recomendación y manifestó que esta deberá ser debatida en el Congreso en su momento.
“[La propuesta] despolitizaría un tema tan delicado. Un delito común no debería ser blindado por la inmunidad parlamentaria, que tiene otro tipo de fundamento. [La inmunidad] está basada en nuestro ejercicio de fiscalización y de control político”, manifestó.
Del mismo modo, el congresista de la bancada de Concertación Parlamentaria Gilbert Violeta dijo, a título personal, que la inmunidad parlamentaria debe ser reformada para evitar la impunidad en cualquiera de sus formas.
“El asunto más polémico es si la Sala Suprema debería decidir esta situación, pues no olvidemos que son ellos quienes ven en última instancia los procesos judiciales, y ahí podría darse un adelantamiento de opinión”. explicó.
Agregó que lo ideal sería que el Tribunal Constitucional (TC) sea la entidad que ejerza esta función como un mecanismo de “contrapeso y seguridad jurídica”.
2. Inscripción y cancelación de organizaciones políticas
La comisión también plantea eliminar el requisito de inscripción referido a las firmas de adherentes y comités provinciales. Para esto, propone que para que el partido se pueda inscribir esta debe tener una relación de afiliados en número no menor del 0,075% de los ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones del Congreso, pero no más de un tercio de los afiliados residentes en una misma circunscripción electoral.
En cuanto a la cancelación de partidos, plantean como nuevo requisito que esta se concrete de no alcanzar los cinco representantes para la Cámara de Diputados o tres para la Cámara de Senadores, entre otras estipulaciones.
Cevallos cuestionó que la comisión proponga una cantidad determinada de militantes para la inscripción de un partido y adelantó que el tema será materia de un amplio debate.
“¿Quién ha diseñado esto? ¿A función de qué? Esto es lo que nos genera una duda a nosotros que tenemos que revisar con cuidado para tener una respuesta integral”, dijo Cevallos.
Desde Alianza por el Progreso, el portavoz César Vásquez afirmó que la iniciativa es buena y su bancada la respalda.
“Es importante que se proponga el fortalecimiento de los partidos [y] que haya activismo político dentro de los partidos. Hay partidos que recolectan las firmas, se crean y ahí están, solo aparecen en elecciones, y no tienen ninguna vida política y sirven como vientre de alquiler para oportunistas”, dijo.
Del mismo modo, Richard Arce calificó de atrayente esta propuesta incluso más allá de las firmas y agregó que se deberá generar propuestas de debate en torno a los proyectos presentados por la comisión.
Violeta manifestó que esta propuesta de la comisión no se llega a entender con exactitud y será competencia de este grupo explicar bien el fin de su recomendación.
“Las firmas sirven para inscribir partidos, no para acreditar candidaturas y, en materia de democracia interna, la regla es 'un militante, un voto'. No requieres firmas para proponerte o para que te propongan. Además, sería bueno que digan en qué países existe ese mecanismo y qué resultados ha dado”, afirmó.
3. Bicameralidad
El informe también busca restablecer la bicameralidad. Por un lado, una Cámara de Diputados de representación poblacional, compuesta de un representante por cada 150.000 electores. Así, al 2021 serían 130 diputados. Por otro, una Cámara de Senadores con 50 escaños.
César Vásquez dijo que su bancada está a favor de la bicameralidad, porque eso es lo más adecuado para el Perú. “Está demostrado en el mundo que es mejor que haya dos niveles de evaluación para las leyes. [...] Siempre hemos apoyado esto en Alianza por el Progreso”. afirmó.
En tanto, Richard Arce y Gilbert Violeta mostraron su interés por la iniciativa. “[Estoy] completamente de acuerdo. Yo mismo, días atrás ya presenté un nuevo proyecto de ley sobre este materia, que recoge la sentencia del Tribunal Constitucional y corrige lo aprobado por el Congreso [sobre este asunto]”, aseveró Violeta.
Cevallos criticó que el informe no detalle los alcances de este proyecto, ya que para aplicarse antes deberían darse otras reformas de fondo.
“No se trata tener solo de tener dos cámaras, se trata de los verdaderos niveles de representatividad [...]. Nosotros pensábamos, por ejemplo, que debe haber una presencia más sustancial de los pueblos originarios, que tiene que haber una delimitación territorial más clara en la elecciones y esto no aparece”, refirió.
4. Gobernabilidad y control político
La comisión que presidió Fernando Tuesta propone eliminar la cuestión de confianza obligatoria, referida a la investidura de los Gabinetes. También que la cuestión de confianza y la censura solo procedan “respecto al presidente del Consejo de Ministros, lo que deriva en la renuncia del gabinete”.
Hernando Cevallos dijo no estar de acuerdo con esta propuesta y que si bien se ha estado dando un mal uso a esta facultad, no debería ser este argumento una razón para eliminar esta prorrogativa.
“Es como si la coyuntura que hoy tenemos nos tuviera que marcar modificaciones constitucionales y eso no es así. No por esta coyuntura especial que se ha dado se tienen que manejar las cosas así”, criticó.
Arce detalló que este tipo de reformas son cambios constitucionales que requieren un tratamiento especial y que estas se dan en dos legislaturas. “Habría que evaluar. Evidentemente, hay que mantener el equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo. Eso es determinante”, comentó.
Por su lado, Violeta comentó que esta propuesta es más polémica de todas, ya que el TC ha manifestado que esta facultad es un mecanismo de contrapeso de poderes y no puede ser modificado ni para “arrinconar” al Ejecutivo ni para limitar al Congreso en el derecho que tiene.
“Lo primero que hay que garantizar es que la reforma se haga en el marco de lo dispuesto por el TC”, acotó.
5. Modificaciones al sistema electoral nacional
Entre los requisitos de postulación que propone la comisión, se plantea que no puedan postular “quienes cuenten con sentencia condenatoria en primera instancia por delitos dolosos cuya pena sea mayor a 4 años”, y que obligatoriamente den cuenta de procesos penales en trámite y presenten su declaración de intereses.
Al respecto, Vásquez, Violeta y Cevallos respaldaron totalmente esta iniciativa. Sin embargo, Richard Arce, si bien mostró su respaldo a la medida, dijo que esta podría vulnerar el derecho de la presunción de inocencia.
“Todo tiene siempre una segunda instancia, pero me parece también una buena iniciativa. Estamos en una situación crítica donde hemos visto a delincuentes en espacios de poder”, acotó.