Las declaraciones del ex gerente general de la Banca Privada de Andorra (BPA) en Uruguay Francesc Pérez, quien gestionó las cuentas de altos funcionarios del segundo gobierno de Alan García, y que fueron difundidas ayer por este Diario, complican la situación jurídica del ex mandatario, señalaron algunos congresistas.
El parlamentario oficialista Juan Sheput sostuvo: “Todas las personas mencionadas por Pérez tienen hilos concéntricos que llevan a Alan García y no se puede decir que han actuado por iniciativa propia”.
Indicó que esa es una de las hipótesis que maneja la fiscalía y que significó la profundización de la investigación al ex mandatario.
Añadió que esta situación también compromete al Gobierno de Uruguay. “Desde el momento en que el hermano del ex presidente Julio Sanguinetti está involucrado en este negocio financiero, genera una presión política sobre el presidente Tabaré Vázquez”, dijo.
Para el legislador Alberto Quintanilla (Nuevo Perú), la declaración del ex ejecutivo de la BPA es una prueba más de las responsabilidades de los funcionarios del segundo gobierno aprista.
“De una u otra forma compromete más a García. Él es el responsable político del gobierno. Si hay funcionarios que han estado metidos en actos delictivos, lo comprometen políticamente”, dijo.
Por el contrario, el legislador aprista Elías Rodríguez sostuvo que la responsabilidad penal es estrictamente individual.
“¿Qué tienen que ver Miguel Atala, Jorge Cuba o Edwin Luyo con García? ¿Hay una sindicación directa contra él o se trata de una ilógica y maquiavélica asociación que busca comprometerlo?”, se preguntó tras expresar que la presunción de inocencia está agonizando en el país.