El congresista Manuel Dammert (AP-FA) afirmó hoy que “es falso” que el presunto lobby irregular a favor de la Corporación Lindley, representante en el Perú de Coca Cola Company, se haya tratado de un error de un asesor del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Explicó que el proyecto ley 3690-2014, uno de los presentados por el Poder Ejecutivo para reactivar la economía peruana y que copia los argumentos que usó la Corporación Lindley en un proceso contra la Municipalidad de Lima, fue analizado en el Consejo de Ministros.
“Un proyecto de ley que está orientado a la reactivación de la economía tiene un proceso formal y obligatorio [para ser aprobado]. Y en este proceso todos los ministerios presentan sus propuestas, que tienen que ser estudiadas, calificadas y tramitadas. Es falso que se trate de un asesor. Aquí ha habido una acción lobista e ilegal”, indicó en conferencia de prensa.
El proyecto 3690-2014 modifica la Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones (N° 29090) para que el aporte que las inmobiliarias deben hacer por habilitación urbana se realice en base al valor arancelario urbano o rústico y no en base al valor comercial de la edificación.
Esta modificación representa un ahorro sustantivo a las empresas. El Serpar estima el aporte que harían se reduciría en un 90%.
PIDE EXPLICACIÓN AL MEFDammert indicó que los ministerios de Vivienda, Construcción y Saneamiento y de Economía y Finanzas deben detallar qué consultor hizo la iniciativa y si se realizaron estudios sobre el impacto que tendría.
“El documento del MEF que fundamenta este artículo tiene que incluir un estudio sobre el efecto en los municipios y en las áreas públicas, sino esto no se hizo estamos hablando de un hecho gravísimo. Es una acción lobista en el propio seno del Consejo de Ministros. Nos tienen que explicar cómo llegan [los argumento de Lindley] al proyecto”, refirió.
El legislador indicó que “probado el lobby” a favor de los representantes de Coca Cola en el Perú, “no se le puede echar la culpa a un asesor”.
El Comercio ha conocido que el funcionario al que se ha responsabilizado por este hecho es el abogado Jorge Garcés Cárdenas, quien miércoles último renunció al cargo de asesor del despacho del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo.
ADVIERTE SUBVALUACIÓNTambién advirtió que dentro del paquetazo reactivador del MEF hay un proyecto que abre las puertas de la inversión privada a las empresas públicas. Aunque indicó que al querer vender las acciones de estas compañía, como PetroPerú, en dos meses, lo único que está haciendo el Gobierno es subvaluar los activos del Estado.
“Una vez que vendan más del 40% de acción de la empresa, esta saldrá de los controles públicos, en la práctica será privada. Es decir, un vivo puede comprar PetroPerú y hacer lo que quiera con esta empresa. Eso es una acción saqueadora”, acotó.