MARIELLA BALBI
Ha ocupado los cargos más altos en la Policía Nacional. Pese a su trayectoria, la megacomisión plantea una denuncia penal en su contra. Evalúa pedir una reparación civil al congresista Sergio Tejada. La llamada megacomisión del Congreso emitió un informe sobre el Caso BTR y plantea una denuncia penal contra usted y otros por asociación ilícita para delinquir. En su caso añade omisión de funciones y encubrimiento personal. ¿Por qué afirma que esto está digitado desde Palacio de Gobierno?Por supuesto que viene de Palacio de Gobierno, porque la megacomisión no ha respetado el debido proceso. No es posible que me citen en calidad de testigo –al igual que al presidente Alan García y otros– y luego uno se entera por la prensa de que está involucrado en un presunto delito. Pero el Congreso es una institución política, su investigación es política.Eso no lo exime de cumplir los procedimientos que establece la ley. Lo correcto es decir: usted pasa a ser investigado, estos son los cargos, defiéndase. La intención es clara: buscan involucrar a quienes trabajamos con el presidente García, atentando contra nuestra honra y profesionalismo. No lo vamos a permitir. ¿Pero cómo deduce que esto viene de Palacio de Gobierno?Mi análisis es que los Humala y los líderes del nacionalismo aún no asimilan que García los haya derrotado en el 2006. Piensan que el gobierno de García realizó una serie de acciones para que Humala no llegara al poder. Por el contrario, cuando Walter Aduviri hizo desmanes en Puno, se evaluó suspender los comicios ahí. Pero el presidente García actuó con responsabilidad de estadista y se hicieron. Humala sacó el 92% en Puno. Creo que con eso ganó. Además, ellos no quieren tener de contendor político a García en las próximas elecciones.
¿Todo esto se reduce a la ‘reelección conyugal’ o a sacar a García como candidato?Así es. Y al odio político, al encono, a la venganza. Palacio ha planificado todo para buscar inhabilitar al presidente García. Esto es una ‘megamaldad’. Hemos demostrado todo con documentos de la Corte Suprema y de la Superior. ¡Asociación ilícita para delinquir! O sea el presidente García, sus ministros, los funcionarios policiales y fiscales están involucrados en esto. Es de terror. ¿Qué hará?He presentado un recurso ante la Sala Constitucional y evalúo denunciar civilmente por daños y perjuicios al congresista Sergio Tejada. Han armado un caso con las declaraciones recogidas en el penal de los condenados: la señora Giannotti y el señor Ponce. ¿Qué van a decir ellos? Para la megacomisión, la sentencia en las dos instancias del Poder Judicial, mis descargos no tienen ningún valor. Es obvio que el objetivo es hacer daño al presidente García.
¿Iría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos?Por supuesto, se deben respetar mis derechos pero, sobre todo, mi honra y mi honor. He prestado 37 años de servicio al país, con una carrera policial impecable. Mientras el señor Tejada cantaba y tocaba batería, yo estaba en las alturas de Andahuaylas buscando al terrorista Julio César Mezzich. Conducía la parte operativa de la ÚDEX, desactivando carros-bomba, poniendo en riesgo la vida. El congresista Tejada sostiene que no hay cosa juzgada.La acusación no tiene ni pies ni cabeza. La Corte Suprema se pronunció, por supuesto que es cosa juzgada. Mire [muestra documentos] lo concluido sobre mí y el general Morán: el fiscal David Rivera Ruiz, de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, dispone “no formular ni continuar con la investigación preparatoria contra Miguel Hidalgo y Carlos Morán. Archívese”. Sube a la fiscalía superior, donde despacha la fiscal Flor de María Zapata, quien confirma el archivamiento definitivo. La fiscalía ya me investigó. Tejada no lo tomó en cuenta. Cuando se investigó BTR, se dice que usted afirmó: “Yo no tengo que dar cuenta al ministro Hernani, sino solamente al presidente de la República…Es falso. Si fue así, ¿por qué no me sancionó el ministro? No debería permitirlo. No tengo ninguna investigación por ello. En todo caso, ¿por qué no renunció el ministro? La megacomisión miente al decir que no di cuenta de la investigación a mis superiores. Mire el informe que le envié al inicio y al final de la investigación al director, el general [Mauro] Remicio.
También se dice que los USB que comprometían a apristas se perdieron.Cuando se conoció esto, el fiscal Milla solicitó una pericia, participaron los abogados de la señora Gianotti y ella. Se demostró que dos archivos de los USB fueron borrados el 4 de mayo del 2010, en la madrugada. Estaban en el Poder Judicial. ¡La policía entregó el atestado, elementos incautados y detenidos el 22 de enero! ¿Escuchó usted los USB?No. La megacomisión me denuncia por encubrimiento personal. Dicen que, como era ministro (se equivocan, era jefe de Dirandro), intervine en la investigación. Pero el informe de inspectoría indica que la policía actuó de acuerdo a ley.
Usted ha ocupado muchos cargos en la policía, ¿qué piensa del Caso López Meneses?Producido el escándalo, el gobierno reacciona cortando la pita por el lado más débil: la policía. La trata de corrupta, separa a generales y los manda al retiro sin investigar. No se puede maltratar así a un general que cumplió una orden.
¿Hay malestar en la policía?Por supuesto que sí. Se dilató la investigación, perdiéndose el sentido de oportunidad y entorpeciendo el inicio de la comisión del Congreso. Quisieron ir hasta 1990 para dilatar. Hubo consecuencias: separaron al asesor Villafuerte, salió el viceministro del Interior, renunció el ministro por miedo a una interpelación. Cambiaron al jefe del Comando Conjunto. No hubo una firme voluntad política de investigar. Con los ‘petroaudios’, el congresista Abugattás presidió la comisión.
¿Cómo funciona el resguardo policial?Los servicios de resguardo están establecidos en el Decreto Supremo 002, de julio del 2000. Ahí se indica la cantidad de policías de resguardo, de acuerdo a la responsabilidad del funcionario. La policía dice que era la casa del almirante Cueto, jefe del Comando Conjunto. ¿Es posible equivocarse?No. Se solicita el servicio para el jefe del Comando Conjunto. Se lo proporciona, pero si a los dos días esa institución no me lo regulariza por escrito, con un documento, se lo retiro. ¿El Comando Conjunto debió haber enviado un documento?Correcto. La dirección de inteligencia de la policía hace un estudio minucioso, ve riesgos de seguridad, de la vivienda, etc. Eso no se hizo.
¿Y cómo el director de la policía no sanciona esto?Eso lo debe responder la conducción política del sector. Cuando se hace correctamente, el director de la policía ve el documento y oficia a Seguridad del Estado para que atienda el requerimiento. Además, hay una Oficina de Control de los Servicios en la inspectoría. Las 24 horas de todos los días salen los oficiales de control y van a los lugares vigilados y verifican: cuántos vehículos, personal, tipo de arma, qué actividades se realizan. Para mí, por la decisión política de alargar la investigación, por lo aparatoso del resguardo, me hace pensar que no vino por decisión del director de la policía, sino por otro nivel más importante. ¿Palacio de Gobierno?Presumo que ha venido de un estamento mucho más arriba de la policía y del general [Raúl] Salazar. La comisión del Congreso lo determinará.
¿El ministro del Interior puede estar en ‘bolero’ al respecto?Puede que no supiera. Pero la inspectoría debería conocer sobre esto. Conocido el número del famoso teléfono del taxista, la policía determinó, al día siguiente, el récord de llamadas que entraron y salieron. Hay teléfonos de personas y oficinas directamente relacionadas con instituciones de las FF.AA. Y de la policía también…Sí, y de compañías de seguridad. Esa información es vital, qué órdenes se transmitían y recibían por ese teléfono. ¿Se puede escuchar el audio de las conversaciones?Si la comisión lo pide a la operadora de telefonía, tal vez pueda entregar algunos reportes de conversaciones. Es cuestión de insistir. En ese teléfono hay una serie de personas que podrían ser citadas a rendir su testimonio. ¿Por qué el teléfono de un taxista es usado por una oficina oficial del Estado? Los generales de la policía lo dicen, pero nunca hablaron con el almirante Cueto.De acuerdo. El general Gómez Cahuas muestra documentos y dice que ha tenido contactos telefónicos y personales con el almirante Cueto sobre este servicio: el celular, Batallón Trujillo, etc. La comisión determinará qué pasó y que la fiscalía haga lo suyo.
¿Es sorprendente que el Ministerio del Interior aún no emita un informe?Sí, me sorprende. La oficina de control interno del ministerio ya debería tener un informe, de dónde vino la orden. ¿Le cree al almirante Cueto o a los generales de la policía?Creo que los oficiales están presentando pruebas contundentes y valiosas. No verificaron si vivía Cueto. Es una gran negligencia que se tiene que sancionar. Tengo el mejor concepto del almirante Cueto. No es improbable que haya pedido la custodia. En esa casa se realizaban actividades importantes.