Al menos 63 universidades que cuenta con una autorización provisional para su funcionamiento deberán ser revaluadas tras la promulgación de la nueva ley universitaria, según indicó hoy el presidente de la Comisión de Educación, Daniel Mora (Perú Posible).
Añadió que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) no cerrará ninguna casa de estudios superior de manera inmediata, si encuentra que no cumple con los requisitos de calidad educativa. Explicó que a todas las universidades se les dará un plazo para adecuarse a las observaciones que se les hagan.
“De no cumplirse los estándares, supongo que se les dará que se le darán los plazos adecuados para que pueda reunir esos requisitos, que va a demandar inversión tanto en universidades públicas y privadas. Hay públicas que están en pésimo estado. Un de ellas es la Universidad de Jaén (Cajamarca), que funciona en un centro comercial”, refirió en diálogo con Radio Programas.
El legislador de Perú Posible indicó que cada universidad será evaluada de manera particular, porque sus deficiencias son distintas. Puso como ejemplo que existen casas de estudios que tiene una buena facultad de Derecho, pero que no cuenta con laboratorios para otras carreras.
Opinó que se debe eliminar “el fantasma del cierre”, porque la Sunedu no cerrará ninguna universidad de golpe.
“El proceso de evaluación será gradual y estoy seguro que así lo piensa el ministro de Educación (Jaime Saavedra). No hay otra manera de hacerlo. No se va a cerrar 50 universidades, qué hacemos de esos alumnos, le crearíamos un problema al Estado”, expresó.
“TODA REFORMA CAUSA ESTRAGOS”Mora afirmó que “ninguna reforma es limpia y siempre causa algunos estragos en segmentos que no estaban enrumbados como debía ser”, en clara referencia a la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) y un sector del empresariado que se oponen a la reforma al considerarla “intervencionista”.
“La nueva ley de ninguna manera es inconstitucional. En la comisión y en el ministerio se hizo consultas a constitucionalista, que nos han dicho que la norma no va en contra de la Constitución. Se conversa la autonomía del gobierno, administrativa y económica, entre otras. De ninguna manera se toca eso. Aquí se supervisa la calidad, una exigencia mínima para que una universidad se llame como tal”, manifestó.
Reiteró que los profesores de pregrado tendrán como plazo cinco años para obtener su maestría, que les permita seguir enseñando en ese nivel.
Finalmente, indicó que se requiere ajustar la ley de los institutos tecnológicos a algunos conceptos de la reforma universitaria, tales como la supervisión de la calidad y la promoción de la investigación.