MARIO MEJÍA
Abogados constitucionalistas opinaron que la posible creación de una superintendencia nacional de educación universitaria como plantea el dictamen de la Nueva Ley Universitaria defendido por el congresista Daniel Mora podría ser anticonstitucional pues hay el riesgo de que vulnere el principio de la autonomía universitaria.
Según Raúl Ferrero Costa esa superintendencia “podría estar colisionando con el artículo 18 de la Constitución que dice que cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico”.
El jurista agregó que “está bien claro en la Constitución que las universidades se rigen por sus propios estatutos”.
Ferrero indicó que tal como esta concebido el proyecto “existe el riesgo de que una superintendencia termine siendo un instrumento usado por el Gobierno para entrometerse en asuntos que no son de su incumbencia y eso restaría la autonomía en sus distintos regímenes”.
Acotó que el proyecto debería ser revisado tras señalar que es evidente que se necesita alguna institución que supervigile la calidad de las universidades y su manejo para cumplan sus objetivos de formación profesional, difusión cultural, creación intelectual e investigación científica y tecnológica.
En tanto Víctor García Toma manifestó que la Constitución considera a las universidades como entidades autónomas y en consecuencia libre de la injerencia estatal para resguardar el espíritu crítico que toda casa de estudios debe tener.
En ese sentido, el ex presidente del Tribunal Constitucional dijo que “la creación de una superintendencia, donde de alguna manera la presencia del Ejecutivo es ostensible, genera dudas y suspicacias de si es constitucional o no”.
Precisó que en el sistema universitario existe el resquemor de que detrás de la superintendencia se pueda generar un mecanismo de control político. “La existencia de una superintendencia con una participación del Ejecutivo puede ser peligroso”, subrayó.
Hace unos meses, Luis Bustamante Belaunde, rector emérito de la UPC y expresidente de la FIPES (Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior), también cuestionó el proyecto de la nueva Ley Universitaria por considerarla que es intervencionista y tener un carácter “claramente inconstitucional”.
El Pleno del Congreso inició ayer el debate de la nueva Ley Universitaria. La discusión, que duró cerca de cinco horas, continuará hoy.