Las pugnas internas en el gobierno no cesan pese a que solo faltan dos meses para que deje el poder. El pasado 20 de abril –diez días después de la primera vuelta–, la vicepresidenta Marisol Espinoza presentó una denuncia constitucional contra la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, por la masificación del gas en Piura.
La acusación de Espinoza está referida específicamente a la concesión que se tramita para la distribución por treinta años a una empresa privada “sin que exista competencia alguna”.
En ese sentido, la también congresista piurana señala que el Plan de Desarrollo Inicial solo incluye las ciudades de Piura, Sullana, Talara y Sechura, dejando de lado a más de otras ocho que forman parte de la zona de exclusividad donde tendrá lugar la operación.
“En concreto, el Ministerio de Energía y Minas entrega sin concurso la exclusividad a una empresa para vender a clientes industriales de toda la región, pero solo entregará gas domiciliario en cinco ciudades y a solo 64.000 consumidores después de ocho años”, especifica la denuncia constitucional.
Marisol Espinoza acusa que la entrega de la concesión –sin concurso de por medio, según la denuncia– implica “un atentado contra la libre competencia”, y se configura así una infracción contra el artículo 61 de la Constitución Política.
Fue nacionalistaMarisol Espinoza renunció en setiembre del año pasado a su militancia del Partido Nacionalista Peruano. Antes de eso, en febrero del mismo año, cesó el aporte del 10% de su sueldo al nacionalismo. Hoy, resultó reelecta con Alianza para el Progreso.
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