Un informe de auditoría de la Contraloría General de la República reveló que, durante las gestiones de Luis Galarreta y Luz Salgado (Fuerza Popular) como presidentes del Congreso, se hicieron nombramientos indebidos de 17 trabajadores.
El reporte de la contraloría informó sobre la evaluación hecha al período que inicia el 1 de agosto del 2016 hasta el 31 de agosto del 2018.
►Vladimiro Montesinos: el extenso historial de procesos judiciales del exasesor►Olaechea sobre elección del TC: “Estamos cumpliendo los procedimientos que la ley manda”
De acuerdo al informe, diez trabajadores fueron contratados por acuerdo de la Mesa Directiva del Congreso, que durante ese período estuvo dirigida por Galarreta y Salgado.
Otros seis trabajadores fueron contratados por contar con más de cinco años de servicios y uno por mandato judicial. El ente regulador sostiene que los trabajadores no reunían los requisitos necesarios para ser contratados con plazo indeterminado.
Entre los diez servidores que obtuvieron dicha condición de trabajo, aparecen Luis Mejía Lecca, extesorero de Fuerza Popular, implicado en el Caso Odebrecht, y Christian Peralta, exjefe de prensa del Parlamento y de Fuerza Popular.
También Wilfredo Ponce de León, quien laboró en la Oficina de Asesoría Jurídica del Congreso. Este Diario reveló que se presentó como abogado de Keiko Fujimori y buscó a dos testigos para preguntarles sobre un presunto vínculo familiar entre el fiscal Rafael Vela, y personas allegadas al congresista Rolando Reátegui.
El informe precisa que entre los requisitos para ser contratado a plazo indeterminado figura que “los trabajadores cumplan con un mínimo de cinco años continuos y evaluación previa sobre las actitudes, competencia, desempeño y resultado, para cuyo efecto deberá contarse con las referencias de los funcionarios responsables”.
La contraloría añade que “de la documentación alcanzada a la comisión auditora, no se evidenció que los diez trabajadores cumplían con dichos requisitos”.
En el caso de los trabajadores Juan Rengifo Bahamonde, Magalli Andaviza Graos y Omar Moscaiza Moncada, la contraloría “verificó que en su legajo no obra documentación que acredite el requerimiento o solicitud del área usuaria para su contratación”.