La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, consideró que el pedido del fiscal José Domingo Pérez para ampliar por doce meses más la prisión preventiva contra Pier Figari en medio del estado de emergencia por el coronavirus (COVID-19) “no es justicia”.
En un comunicado difundido en sus redes sociales, la ex candidata presidencial también pidió acelerar la excarcelación de Jaime Yoshiyama y de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán por el riesgo de contagio de la enfermedad.
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“En plena pandemia solicitar una ampliación de prisión preventiva dice mucho de la calidad humana de quien la pide. El pedido de ampliación contra Pier Figari no es justicia, es solo odio y venganza”, señaló.
“Hago una invocación a las autoridades competentes para acelerar las gestiones de excarcelación de Susana Villarán y Jaime Yoshiyama. El Poder Judicial ya ordenó su cambio a arresto domiciliario. Cada momento más dentro de prisión es un grave riesgo para ellos por sus problemas de salud actuales", añadió.
Según informó este Diario, el requerimiento fue presentado ante el despacho del juez Víctor Zúñiga Urday, a cargo del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria. La audiencia se programó para el 11 de mayo a las 11:00 a.m.
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Asimismo, Fujimori Higuchi insistió en que se deben “sumar esfuerzos” para descongestionar los centros penitenciarios del país, a fin de reducir los contagios de COVID-19 entre los internos y trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
“Sería muy positivo que el Congreso priorice este tema. Invoco al Poder Ejecutivo que acelere la revisión de los indultos que están en sus manos. Y valoro mucho el esfuerzo que está haciendo el Poder Judicial para revisar las solicitudes pendientes y ver los demás casos de oficio”, manifestó.
Figari permanece recluido en el penal Miguel Castro Castro, desde noviembre del 2018, cuando el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó 36 meses de prisión preventiva.
El próximo 14 de mayo finalizaba el plazo de dicha medida, luego de que la Corte Suprema redujo el periodo a 18 meses.
El exasesor de Keiko Fujimori es investigado por presuntamente pertenecer a una organización criminal dedicada al lavado de activos al interior de Fuerza Popular para recibir y disponer de aportes ilícitos de la empresa brasileña Odebrecht.
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