La Defensoría del Pueblo envió ayer un oficio al Tribunal Constitucional (TC) para manifestarle su preocupación “ante la evidente inconstitucionalidad existente” dentro de uno de los proyectos de reforma que serán sometidos a referéndum este 9 de diciembre.
El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, precisó que el proyecto de reforma constitucional sobre bicameralidad – la cuarta pregunta del referéndum – tiene una disposición sobre la cuestión de confianza similar a la que el TC declaró inconstitucional a inicios de noviembre pasado.
“No estamos diciendo que la pregunta cuatro sea inconstitucional […] pero en su fórmula legal, uno de los artículos colisiona con la Constitución”, explicó a El Comercio.
“Cuando nos encontrábamos en marcha con el referéndum, el TC declaró inconstitucional la parte del reglamento del Congreso [sobre la cuestión de confianza]. Es el mismo dispositivo que ahora se somete a referéndum”, agregó.
Gutiérrez consideró que esa situación afecta el derecho fundamental a la participación política de los ciudadanos, ya que se estaría sometiendo a consulta popular una disposición cuya validez constitucional ya fue negada por el TC.
El defensor del Pueblo le solicitó al presidente de ese organismo, Ernesto Blume, que precise los alcances vinculantes de la sentencia sobre la cuestión de confianza.
Según el defensor del Pueblo, el TC puede seguir dos caminos: “Desde una medida radical podría decir que se tenga por no puesto ese dispositivo, sin afectar la pregunta cuatro del referéndum. La segunda es una posición más conservadora: exhortar al Congreso para que se corrija y, en sesión extraordinaria, modifique esa norma y la retire, dejando sin efecto esa parte”.
-El fallo-El TC se pronunció a inicios de noviembre pasado indicando que los cambios en el reglamento del Congreso sobre la cuestión de confianza y la moción de censura vulneraron el balance entre poderes.
La decisión del TC fue tomada por unanimidad. Blume explicó en ese momento que el Congreso “ha excedido la facultad que le otorga la Constitución de autonormarse a través de su reglamento”.
Gutiérrez precisó que “el Tribunal ha dicho que el principio que está en cuestión es el balance de poderes, que es un rasgo de identidad del modelo de Gobierno. Llega a decir que este no puede ser modificado ni alterado ni siquiera por una reforma constitucional. Por ello, en la Defensoría le estamos pidiendo al TC que haga cumplir su sentencia”.