El Poder Ejecutivo observó la autógrafa que propone la creación del colegio de politólogos. La iniciativa fue aprobada en el pleno del Congreso el 15 de mayo pasado por un proyecto planteado por el congresista Miguel Elías Ávalos (Fuerza Popular).
En un oficio de fecha 11 de junio suscrito por el presidente de la República, Martín Vizcarra, y el primer ministro Salvador del Solar, el primer apunte hace mención al carácter “restrictivo” de la medida.
“Se tiene que el artículo 2 de la autógrafa establece que la colegiación es un requisito indispensable para el ejercicio de la profesión de licenciado en ciencia política, lo cual constituiría un requisito de carácter inconstitucional”, sostiene el documento.
“El artículo 20 de la Constitución establece que mediante ley se puede establecer los casos en que la colegiación es obligatoria [...] Se debe exigir al legislador el sustento que justifique la necesidad que en determinadas carreras profesionales la colegiación sea una conditio sine qua non para el ejercicio regular”, agrega.
El Ejecutivo sostiene en dicho punto que la medida no sustenta la necesidad de la obligatoriedad de la colegiatura, por lo cual se estaría afectando al artículo 26 de la Constitución que refiere que “en la relación laboral se respeta la igualdad de oportunidades sin discriminación”.
“La autógrafa genera barreras de entrada para el ejercicio de la profesión, encareciendo a los proveedores (servicios profesionales de los politólogos) la posibilidad de participar en el mercado”, sustenta la observación.
El Ejecutivo también cuestiona que la ley atente contra la libertad de opinión, expresión y difusión del pensamiento, a causa de que esta sostiene en su exposición de motivos lo siguiente: “Los profesionales en ciencia política se desempeñan en el mercado laboral [...] Son analistas de empresas privadas nacionales o internacionales”.
“Se puede advertir que, en ese aspecto, la cuestionada ley podría vulnerar directamente el derecho a la libertad de opinión, toda vez que limita a los actores políticos y sociales -no profesionales en ciencia política- a brindar un análisis u opinión de un tema de realidad política”, expone el apunte.
Además, se indica que en ninguno de los regímenes de vinculación vigentes para el personal del sector público se ha establecido que, para el desempeño de sus funciones, los servidores civiles necesariamente deben estar titulados, registrados y colegiados, “sino que ello dependerá de la naturaleza de los cargos que tengan o que dicho requisito se encuentre expresamente establecido en la ley”.
-Sin pluralidad-
La autógrafa refiere que habrá una comisión organizadora del colegio de politólogos que contará con cuatro representantes de universidades con sede en Lima y un representante de la Asociación Nacional de Politólogos, “quien la presidirá”.
A propósito de ello, el Ejecutivo critica que no haya considerado “a las demás universidades a nivel nacional que cuentan con escuelas y facultades de ciencias políticas”, con lo cual se transgrede el principio de pluralidad y descentralización.
Del mismo modo, en torno a la Asociación Nacional de Politólogos del Perú, se indica que las leyes deben legislar de manera general en beneficio de la ciudadanía “y no en interés de un grupo de personas o profesionales, generándose un conflicto de intereses”.
Por último, el Ejecutivo advierte que un importante grupo compuesto por organizaciones civiles e instituciones educativas de nivel superior universitario, mediante comunicaciones dirigidas a la PCM, han manifestado su rechazo a la promulgación de la autógrafa de ley.
Algunas de estas organizaciones son la Escuela Profesional de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, los egresados de Ciencia Política y Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Plataforma Comadres, la Universidad Católica Santa María, entre otros, figurando entre las críticas más recurrentes el no habérseles consultado sobre la idoneidad de esta propuesta.