La inmunidad parlamentaria es uno de los temas de reforma constitucional que quedó pendiente en el Congreso disuelto. La última encuesta de El Comercio-Ipsos preguntó sobre el tema y un 78% respondió que esta prerrogativa tiene que eliminarse. En la capital la cifra sube a un 80%.
Solo un 12% se mostró a favor de que esta prerrogativa sufra algunas modificaciones para que sea un órgano ajeno al Congreso el que decida su levantamiento y ya no el mismo Congreso. Esto en la misma línea de la propuesta que alcanzó en su momento la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política y que fue enviada por el presidente Martín Vizcarra al Congreso, pero que fue finalmente desestimada. Apenas un 6% cree que la inmunidad debe mantenerse por ser “un derecho para proteger su labor parlamentaria".
Artículo 93 sobre inmunidad parlamentaria señala que: “Los congresistas representan a la Nación. No pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, excepto por delito flagrante, caso en el cual son puestos a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente dentro de las veinticuatro horas, a fin de que se autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento”.
El politólogo Martín Tanaka, que integró, en su momento, la mencionada comisión, mencionó que una encuesta que hizo este grupo también consignó que la mayoría estaba a favor de la eliminación de la inmunidad parlamentaria.
Tanaka comentó que si bien el nuevo Congreso tendrá apenas unos meses de funcionamiento sí podría “hacerle un bien al país” si pusiera en su agenda la discusión de este tema, y así retomar el debate sobre la reforma política. “Creo que sería un gesto bienvenido por la ciudadanía”, subrayó.
Consideró que es importante que ya desde ahora los candidatos se pronuncien sobre la necesidad de tomar acuerdos al respecto por ser el tema que más llama la atención de la ciudadanía, sobre todo por casos recientes en los que se vio que este beneficio había servido “para escapar de la justicia”.
Si bien la propuesta de la comisión fue modificar esta figura, opinó que “la eliminación tampoco sería un trauma”, y que ya se hizo en países vecinos como Colombia. “Y no ha pasado nada”, aseveró, recordando que son muchas las autoridades, entre ellos los alcaldes, quienes no gozan de este privilegio.
Tanaka hizo hincapié en que una medida complementaria a la inmunidad -y que quedó pendiente de segunda votación en el Congreso- fue la reforma constitucional sobre el impedimento para ocupar cargos públicos a los sentenciados en primera instancia por delitos dolosos.
“Esta gente no debería llegar al Parlamento [...] y con toda frescura se están presentando”, lamentó.
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