El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Víctor Ticona, pidió a los congresistas electos que precisen la circunscripción donde se contabilizarán los votos de los peruanos en el extranjero, lo cual no figura en la legislación vigente aprobada por el Congreso disuelto.
En agosto del 2019, se modificó el artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones, sin mencionar la circunscripción electoral a la que pertenecen dichos electores, los cuales suman casi un millón de compatriotas.
De mantenerse invariable dicho artículo, explicó Ticona, su aplicación en los próximos comicios pondría en riesgo el derecho al voto de los peruanos residentes en el extranjero y haría impracticable la ejecución de su derecho a elegir.
Por ello, remarcó que es importante que el nuevo Congreso corrija a la brevedad esta omisión, a fin de que no sean afectados los derechos de los peruanos en el extranjero y puedan participar en los próximos comicios electorales del 2021 sin inconvenientes.
Cabe precisar que en las últimas elecciones extraodrinarias del 26 de enero, estuvieron habilitados para votar 974,230 peruanos residentes en el extranjero y sus votos fueron incluidos en el distrito electoral de Lima. Sin embargo, esto fue posible porque se resolvió no aplicar las últimas reformas y continuar con las reglas de las elecciones generales del 2016.
El JNE, en la versión actualizada del Código Electoral 2020 que presentará próximamente al Legislativo, propone la creación de un distrito electoral especial de peruanos en el extranjero, a fin de contar con una mayor representación política. De esa manera, este sector poblacional tendría representantes directos en el Parlamento.
Ticona Postigo también solicitó que se agende y discuta la reforma constitucional que incorpora el artículo 34-A y modifica el artículo 39 de la Constitución Política del Perú, sobre los impedimentos para ejercer la función pública.
El artículo 34-A plantea que están impedidos de postular a cargos de elección popular quienes cuentan con sentencia condenatoria emitida en primera instancia por delito doloso, de acuerdo con los términos establecidos en la ley.