En la décima audiencia por el pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori, el fiscal José Domingo Pérez cuestionó que la abogada Giulliana Loza haya usado como argumento de defensa para justificar el arraigo laboral de su defendida que ella recibe un sueldo como presidenta de Fuerza Popular que proviene, en parte, del financiamiento público.
Ante el juez Víctor Zúñiga Urday, el fiscal del equipo especial Lava Jato indicó que “un aspecto que indigna es que el sueldo de Keiko Fujimori es pagado con el dinero de los contribuyentes peruanos. Ella (Giulliana Loza) mencionó que el financiamiento público permitía que a Keiko Fujimori se le pague el sueldo por hacer nada”.
Pérez Gómez citó el artículo 61 del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE, que especifica el uso que le deben dar las organizaciones políticas al financiamiento que otorga el Estado. La norma no establece que los recursos puedan estar destinados a financiar los ingresos de sus dirigentes.
“El uso del dinero de los contribuyentes no es para pagar el sueldo de Keiko Fujimori, y así la abogada diga que hace una interpretación extensiva (de la norma), el dinero de los contribuyentes no es para pagar el sueldo de Keiko Fujimori durante los 12 meses y 29 días que estuvo en la cárcel, ni en estas semanas que se encuentra haciendo nada”, sostuvo.
El fiscal también informó en audiencia que su despacho había solicitado a Fuerza Popular información contable vinculada al 2016, pero esta no ha sido entregada aún por la organización. El objetivo era conocer los ingresos del partido, según dijo el fiscal. “A decir de la abogada defensora, de ahí viene el sueldo de Keiko Fujimori”, agregó. El abogado Juan Alarcón Caycho, representante de la agrupación política, respondió a la fiscalía que no contaba con dicha documentación.
“No cobra de fondos públicos”
Al finalizar la audiencia, en declaraciones a la prensa, Giulliana Loza negó haber dicho que Keiko Fujimori cobra del financiamiento público que recibe Fuerza Popular.
“En ningún momento se ha dicho que la señora Fujimori cobre de fondos públicos. Ella no cobra de allí, (el fiscal) está confundiendo flagrantemente con tal de tergiversar la historia. No desconoce que la señora Keiko Fujimori trabaje en Fuerza Popular, lo que está discutiendo es de dónde le pagan. No dije que cobra del fondo público”, dijo.
El pasado 14 de enero, Giulliana Loza respondió en audiencia sobre los elementos de la fiscalía vinculados al peligro de fuga en el caso de Keiko Fujimori. Al exponer sobre el arraigo con el que contaría la lideresa de Fuerza Popular, la letrada sostuvo que “la disolución del Congreso no significa que Keiko Fujimori carezca de arraigo laboral y mucho menos significa que Fuerza Popular haya dejado de tener ingresos. Fuerza Popular no solo se sustenta con fondos de origen privado”.
“La tesis del fiscal es: ‘no hay Congreso, no hay congresistas, no hay aporte de estos a Fuerza Popular, ¿de qué vive Keiko Fujimori?’ Ese es el razonamiento de la fiscalía, que no es correcto porque Fuerza Popular no solo tiene ingresos derivados de los aportes que hacen los congresistas. Existen fondos privados y existen fondos públicos”, señaló.
Loza agregó que los congresistas aportaban para el financiamiento privado, pero también existe el aportes de fondos públicos. “Dentro de los privados algunos de ellos los que daban los congresistas, entre otros, y también el aporte de fondos públicos que son los entregados por el Estado, (…) la señora Fujimori vive de su sueldo como presidenta del partido”.
Pérez espera a Keiko Fujimori en siguiente audiencia
El fiscal José Domingo Pérez, señaló, al término de la audiencia, que espera que Keiko Fujimori se presente el próximo jueves 23 de enero en la última audiencia de prisión preventiva. “Ella puede, antes que se cierra esta audiencia, presentarse y decir lo que más le convenga a su defensa, pues se trata de su derecho a la última palabra”, manifestó.
Giulliana Loza respondió que considera innecesario que su defendida se presente. “No es necesario (que se presente) y no se trata de ningún desprecio. Solo es hacerse respetar. Ningún ciudadano está obligado a venir a una audiencia de prisión preventiva”, declaró.