Los votos de Fuerza Popular en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso fueron claves para que se rechazaran los informes que recomendaban sancionar al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, y al congresista Héctor Becerril, de la mencionada bancada.
El documento sobre el caso de Chávarry, elaborado por Juan Sheput (Peruanos por el Kambio), recomendaba su destitución e inhabilitación de la función pública por un período de 10 años, debido a que habría infringido cuatro artículos de la Constitución.
Chávarry fue denunciado por haber presentado distintas versiones respecto a las conversaciones que tuvo con el destituido juez supremo César Hinostroza en el caso de los audios del CNM. También por las diferentes explicaciones que dio sobre una reunión con periodistas en la casa del empresario Antonio Camayo, aspirante a colaborador eficaz en el caso de Los Cuellos Blancos del Puerto.
“Los hechos cometidos han quebrado la veracidad y la transparencia inherentes al cargo que ostenta”, señaló el parlamentario oficialista durante su exposición. También sostuvo que Chávarry “aceptó favores” de miembros de la supuesta organización criminal.
Pero los integrantes de Fuerza Popular en la subcomisión se mostraron en contra de lo expuesto. En su intervención, Milagros Salazar dijo que el documento “no corresponde, está vacío, no tiene sustento”.
“Lo único que están tratando de hacer es sacar a un fiscal incómodo para Lava Jato. ¿Y quiénes están incluidos en Lava Jato?”, expresó.
En tanto, Javier Velásquez Quesquén (Partido Aprista) consideró que si bien Chávarry mintió sobre las reuniones, estos hechos no ameritaban una denuncia constitucional.
“El informe da una mala valoración. [Puede haber] una falta ética y funcional”, cuestionó. “No se cumplen en el informe los criterios de razonabilidad y proporcionalidad para la acusación”, acotó Velásquez.
—Posiciones—El primer punto de la agenda fue el informe de César Vásquez (APP) contra Becerril, por supuestamente haberse reunido en enero del año pasado con los ex miembros del CNM Guido Aguila y Baltazar Morales en la vivienda del primero, en Lince.
El fin de la cita –de acuerdo con el informe– era persuadir a Morales para que votara por Julio Gutiérrez Pebe en la elección para la presidencia del consejo.
Las pruebas reunidas, explicó Vásquez, permiten afirmar que Becerril intentó interceder ante un servidor público para “orientar su voto en un sentido determinado”. “La reciprocidad [a favor de Morales] estaba implícita en [el pedido para] el sentido de su voto”, añadió.
Por ello, recomendó suspenderlo de su función, inhabilitarlo por 10 años (juicio político) y acusarlo por los delitos de tráfico de influencias y cohecho activo genérico (antejuicio).
Durante el debate, sin embargo, quedó claro que Fuerza Popular discrepaba de las conclusiones del informe y que, por lo tanto, se opondría a una sanción contra Becerril.
Mario Mantilla, por ejemplo, señaló que “una reunión no es ningún delito” y que no había indicios sólidos para inferir que Becerril ofreció algo a Morales a cambio de su voto. Karina Beteta, en tanto, consideró que en el informe solo se tomó en cuenta la versión ofrecida por el ex consejero Morales y que en el documento “no existen pruebas que la corroboren”.
Por otro lado, la subcomisión aprobó, con 12 votos a favor y una abstención, archivar la denuncia constitucional contra Duberlí Rodríguez, ex presidente del Poder Judicial, por “no haber cumplido con su labor” en medio de la crisis del sistema de justicia desencadenada tras la difusión de los audios del CNM.
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