Apropósito de las recientes declaraciones del ex directivo de Odebrecht Reynaldo Trindade Serra sobre los aportes de dinero a las campañas de Lourdes Flores, el secretario general de Transparencia, Gerardo Távara, señala que la fiscalía debe tomar en cuenta lo que ya plantea la Ley de Organizaciones Políticas al respecto.
—Lourdes Flores ha dicho que no cometió delito luego de conocerse que Odebrecht aportó más de US$200 mil a sus campañas del 2006 y 2010.El que sea delito o no es algo que determinan los fiscales y los jueces. En este caso lo más próximo sería el lavado de activos. Por otro lado, todo el dinero que se gasta en una campaña tiene que ser informado a la ONPE. Se insiste en que no existe el delito de financiamiento ilegal, y que el no haberlo reportado sería un falta administrativa y no delito...
—El argumento es que entonces no existía el delito de financiamiento ilegal.Sí, claro. Eso hace más evidente la urgencia de tipificar este delito que ya se aprobó en el referéndum. Ahora el Congreso tiene que normarlo. Pero ojo, la Ley de Organizaciones Políticas dice [en su artículo 31] que todo aporte no declarado se presume de fuente ilícita. Es una línea y media y muy pocas veces se le presta atención. Si se recibió dinero que se invirtió en encuestas o lo que fuera y no se declaró, entonces, según la ley, se presume ilícito.
—Y en ese caso lo que tendría que determinarse es de dónde provenía el dinero. En cualquiera de los casos, no solo en el de Lourdes Flores y el PPC. Yo señalé esto en el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia. Su abogado decía lo mismo, que en todo caso el dinero no fue declarado, pero no es delito. Los fiscales pueden tomar en cuenta esta ley en sus investigaciones.
—¿Qué debe contener el reglamento de la ley de financiamiento para no dejar ventanas abiertas a los aportes ilícitos?La ley tiene que determinar en qué casos se comete el delito de financiamiento ilegal y sus posibles variables. Cuáles serían las sanciones, hay que establecer una escala de estas de acuerdo a la gravedad, y tienen que ser penales, y ya no solo multas. Además, quiénes serían los presuntos autores. ¿Solo el que recibió el dinero, el tesorero, o también el dirigente que sabía, aunque no lo haya recibido en la mano?
—¿Y el candidato?Probablemente si es que lo conocía. Incluso, habría que discutir si alcanza o no a la organización. Si se demuestra que esta fue financiada con dinero del narcotráfico o de la corrupción, ¿puede seguir participando en procesos electorales, o se le suspende su participación?
—¿Esta sanción política debe ser gradual?La gradualidad es un criterio que hay que considerar, según la gravedad del delito. Nosotros nos hemos manifestado a favor de sanciones penales y políticas para la organización.
—¿Cree que 18 meses serán suficientes para que la Junta Nacional de Justicia pueda revisar las irregularidades del CNM, y a la vez encargarse de los procesos inconclusos de nombramientos y ratificaciones de jueces y fiscales?El plazo es bastante corto y habrá que evaluar la posibilidad de ampliarlo, y sobre todo darle todas las herramientas y recursos necesarios para que puedan cumplir con sus responsabilidades en simultáneo. Además, tendrán que resolver los nombramientos de los jefes de la ONPE y del Reniec, que ahora son interinos. Estamos observando el proceso de elección de los rectores [que integrarán la comisión que seleccionará a los miembros de la JNJ] y seguiremos observando hasta que la junta quede constituida.
—¿Debe modificarse también que los militantes de partidos puedan postular a la junta solo con pedir licencia partidaria?Tiene que modificarse porque no garantiza la neutralidad política que deben tener los miembros de la JNJ. También hay que revisar el tema del equilibrio de hombres y mujeres en la junta [excluido por el Congreso].