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DINI adquirió sistema Pisco por orden de Ollanta Humala

Así lo señala un documento suscrito por ex jefe de la DINI. Adquisición es investigada por la Contraloría y el Congreso

DINI adquirió sistema Pisco por orden de Ollanta Humala

DINI adquirió sistema Pisco por orden de Ollanta Humala

Un documento suscrito por el ex director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) Víctor Gómez Rodríguez señala que el Proyecto Pisco, un sistema electrónico para interceptar comunicaciones, fue adquirido en el 2013 a pedido del presidente Ollanta Humala.

El sistema fue comprado por la DINI a la empresa Verint Systems Ltd., una compañía israelí de inteligencia electrónica que comercializa tecnología de última generación, por S/.55 millones. Tiene capacidad para interceptar simultáneamente tres mil líneas telefónicas y se habría adquirido para ser usado en la lucha contra la criminalidad organizada y el narcotráfico.

Este Diario pudo conocer que la millonaria adquisición es investigada por la Contraloría General de la República y la Comisión de Inteligencia del Congreso. Ello, por cuanto la DINI no realizó una licitación internacional y existen algunas observaciones al proceso de compra.

El Comercio entrega en exclusiva detalles inéditos de esta polémica adquisición.

LA COMPRA
Los equipos adquiridos tienen un costo de S/.55 millones, tal y como fue revelado en julio por el semanario “Hildebrandt en sus trece’. El Perú ha pagado a Verint Systems casi la totalidad de ese monto. Aún adeuda S/.3 millones, lo que genera que el Estado deba pagar intereses adicionales.

Existe otro costo, que corresponde al de la infraestructura que se construye para instalar los equipos que forman el sistema de interceptación. Estos suman alrededor de S/.10 millones. En total, el llamado sistema o proyecto Pisco viene costando S/.65 millones.

El proceso de adquisición empezó en el 2012. El entonces jefe del gabinete de asesores de la DINI Iván Kamisaki Sotomayor pidió cotizaciones a seis empresas: Digitro, de Brasil; Penlink y Frost & Sullivan, de Estados Unidos, Utimaco, de Alemania; y Nice Systems y Verint Systems, de Israel. 

El 17 de setiembre de ese año, Kamisaki elevó su análisis comparativo de equipos y precios al entonces director del organismo máximo de inteligencia, Víctor Gómez Rodríguez.

El proceso de compra se inició un mes después, en octubre, y concluyó en abril del 2013. En ese período, personal de la compañía visitó el país y entrenó a los primeros agentes. También se adquirió un equipo satelital y empezó la construcción de la infraestructura mencionada en la sede de la DINI, en Chorrillos.

Fuentes de la Comisión de Inteligencia del Congreso y de la Contraloría General de la República señalan que, pese a la magnitud de la compra, la DINI no efectuó una licitación. Ello ha sido confirmado a El Comercio por el actual director general de la DINI, Manuel Sevilla Echevarría.

Todo partió de una orden presidencial, como ha quedado evidenciado en una carta firmada por el ex jefe de la DINI Víctor Gómez.

ORDEN SUPREMA
A inicios de este año, cuando la Comisión de Inteligencia y la contraloría tomaron conocimiento de la adquisición del Proyecto Pisco, pidieron información de esta a la DINI.

En febrero pasado, el entonces recientemente nombrado jefe de la DINI Javier Briceño solicitó a su antecesor Víctor Gómez que le explicara cómo se había efectuado la compra, a qué necesidad obedecía y quién tomó la decisión de hacerla.

Gómez envió su respuesta el 19 de febrero, en la cual informaba que el procedimiento de compra fue secreto y que la indicación para adquirir el sistema de interceptaciones provino del presidente Ollanta Humala.

La carta que remitió Gómez a Briceño fue reconocida en una entrevista telefónica sostenida con El Comercio, el viernes en la noche, por el actual jefe de la DINI, Manuel Sevilla. Él reconoció que la institución no realizó licitación ni concurso, pero defendió el procedimiento secreto que cuestiona la contraloría.

“No [no hubo licitación], porque yo puedo evaluar en el mercado, pero no tengo que seguir necesariamente los procedimientos de la Ley de Contrataciones. No estoy obligado”, dijo Sevilla a este Diario.

Indicó que el procedimiento seguido para la compra está regulado por la Directiva 003-2006, referida a gastos reservados. “La directiva fue aprobada por la DINI con la opinión favorable previa de la contraloría”, señaló Sevilla.

“Todas las compras se hacen en función a esa directiva, que tienen carácter de secreto, y no es aplicable la Ley de Contrataciones del Estado”, manifestó.

La contraloría y el Congreso no están de acuerdo con Sevilla. 

CONTROVERSIAS
En junio pasado, el contralor Fuad Khoury se presentó ante la Comisión de Inteligencia del Congreso para informar sobre sus objeciones a la adquisición del sistema. Además de referirse a la falta de licitación pública internacional, formuló varias observaciones.

“[Existe una] falta de planes que sustenten las actividades de inteligencia referidas a la ejecución del Proyecto Pisco”, señala uno de los puntos del documento que Khoury expuso ese día y que El Comercio obtuvo.

“No existen planes que sustenten las actividades relacionadas al Proyecto Pisco, contraviniendo el manual de procedimientos de la DINI”, refiere otro apunte. Luego indica: “Se autorizaron y ejecutaron los recursos especiales [subpartida presupuestaria] sin contar con los planes de actividades para el Proyecto Pisco, contraviniendo la directiva vigente”.

Después refiere que “no se cuenta con documentación que en su oportunidad sustentara la necesidad específica de adquirir el equipo de interceptación” y que “el órgano de línea de la DINI a cargo de la ejecución del proyecto no participó en la definición de la necesidad, contraviniendo la directiva vigente y el manual de procedimientos”.

Sobre la selección de Verint Systems, dice: “El jefe del gabinete de asesores [Juan Kamisaki] elaboró el documento ‘Análisis comparativo de plataformas de interceptación legal’, en el que se elige a Verint Systems sin el sustento respectivo”.

“En la decisión de adquisición, selección y compra solo participaron el director ejecutivo de la DINI y su jefe de gabinete de asesores”, agrega.

Lee el informe completo en la edición impresa de El Comercio.

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