El denunciado masivo rastreo de bienes inmuebles, vehículos y empresas que realizó la Dirección de Inteligencia (DINI) no se limitó a la actual administración de Ollanta Humala, sino también comprendió los últimos seis meses del segundo gobierno de Alan García.
En el documento de la Sunarp que registra las búsquedas realizadas por un agente de la DINI entre enero del 2011 y febrero del 2015, se verifica que hubo más de cinco mil búsquedas durante el período aprista, en el que Danilo Guevara era el jefe de la DINI.
Las búsquedas en ese lapso incluyen a más de 700 personas, entre políticos, congresistas, militares, jueces, empresarios y funcionarios.
En este período se rastrearon los bienes de actuales congresistas del oficialismo como Víctor Isla, Josué Gutiérrez, José Urquizo y Omar Chehade.También hubo seguimiento a legisladores de otras tiendas políticas como Perú Posible: Carmen Omonte, Modesto Julca, Daniel Mora.
En total, en los primeros seis meses del 2011, la DINI rastreó las propiedades de 26 parlamentarios del actual Congreso. La mayoría era del oficialismo.
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Igualmente, fueron víctimas políticos del mismo Partido Aprista como el congresista Javier Velásquez Quesquén, sobre quien se efectuaron tres búsquedas el 28 de febrero. Ese día se buscó información sobre los bienes de la ex parlamentaria y ex ministra aprista Nidia Vílchez.
Otro personaje político que aparece en el registro es el actual alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio.
Pero el seguimiento no se limitó a políticos, sino se extendió a militares y policías. Así, aparecen nombres como el del general EP (r) Luis Howell Ballena, que fue jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; y el del general EP (r) Paul da Silva, ex comandante general del Ejército.
También figuran el general Leonel Cabrera Pinto, ex jefe del Comando Conjunto de las FF.AA., y el general de brigada EP (r) Carlos Flores Cabrera.Igualmente, se rastreó al ex director general de la policía Gustavo Carrión Zavala y al general PNP (r) Alberto Jordán.
El agente de inteligencia encargado de estas tareas también indagó sobre las propiedades de algunos magistrados, como las del entonces fiscal de la Nación José Peláez Bardales. Asimismo, se hizo seguimiento a la entonces vocal suprema y ex jefa de la OCMA Elcira Vásquez, y al ex juez supremo Manuel Sánchez Palacios.
Los alcaldes distritales tampoco quedaron fuera. Allí están los casos del burgomaestre Francis Allison de Magdalena (quien fue ministro de Vivienda bajo la administración de García), Luis Bueno de Chosica, Felipe Castillo de Los Olivos y Hugo Ramos de Pachacámac.
También aparecen en la lista el ex ministro de Defensa del gobierno aprista Rafael Rey Rey y el ex presidente Alejandro Toledo Manrique.
El ex ministro fujimorista Jaime Yoshiyama Tanaka fue objeto de rastreo, al igual que el actual miembro del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Orlando Velásquez Benites.