GERARDO CABALLERO
En la arena política, el ex presidente Alejandro Toledo sigue contra las cuerdas. La Fiscalía de la Nación dispuso que se le levante el secreto bancario, tanto en el Perú como en el extranjero, además de la reserva tributaria y bursátil.
Entre las diligencias que está a punto de realizar este despacho, a cargo de José Antonio Peláez Bardales, figura el envío de oficios a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) con el fin de que entidades bancarias, administradoras de fondos de pensiones (AFP), empresas aseguradoras, cajas de ahorro y otras entidades financieras brinden toda la información que tengan sobre el ex presidente de la República (2001-2006).
Según fuentes judiciales, el objetivo es saber si el líder de Perú Posible tiene cuentas de ahorro, cuentas corrientes, certificados de depósito o tarjetas de crédito, y conocer cuál ha sido el movimiento que registran.
Además, la Fiscalía de la Nación ya envió un oficio a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) para que informe sobre los impuestos e ingresos que Toledo ha declarado en el país.
El Ministerio Público notificó el miércoles último a la procuraduría anticorrupción, que conduce Julio Arbizu, que se ha dispuesto estos apremios respecto a Toledo.
“Habrá que esperar las próximas semanas para saber los resultados de estas diligencias ordenadas por la Fiscalía de la Nación. Habrá que ver qué revelaciones hay”, dijo Arbizu escuetamente a este Diario.
INVESTIGACIÓN PRELIMINAR A fines de mayo la Fiscalía de la Nación, a la cual se halla adscrita una oficina especializada en casos de enriquecimiento ilícito, inició una investigación preliminar contra Toledo por sesenta días.
Las pesquisas se iniciaron luego de que se conociera que Ecoteva Consulting Group (supuesta empresa de fachada) desembolsó el dinero para la compra de una casa en Las Casuarinas y una oficina en la Torre Omega a nombre de la suegra de Toledo, Eva Fernenbug, de 86 años. El precio de estos inmuebles fue US$3’750.000 y US$882.400, respectivamente.
Como parte de esta indagación, la Fiscalía de la Nación realiza los trámites necesarios para obtener la declaración del abogado Melvin Rudelman, quien –según declaró semanas atrás a la prensa de Costa Rica– habría creado Ecoteva Consulting Group a pedido del propio ex mandatario.
La investigación a Toledo se encuentra en la Fiscalía de la Nación no por la prerrogativa al antejuicio que tienen los ex presidentes (la cual venció en el 2011, cinco años después de concluido su mandato), sino porque la Oficina de Enriquecimiento Ilícito está adscrita a la Fiscalía de la Nación.
DESDE COSTA RICA Esta indagación preliminar es paralela a la que realiza la Fiscalía Penal 48 de Lima, a cargo de Elizabeth Parco, en la cual la principal investigada es Eva Fernenbug. De acuerdo con fuentes fiscales, este despacho ya ha solicitado, a través de un tratado de asistencia mutua internacional, a la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios y Legitimación de Capitales de Costa Rica, información sobre las operaciones financieras de Ecoteva Consulting Group y otras dos empresas ligadas a personas del entorno de Toledo, como Ecostate Consulting y Quality Cleaners (ambas de Costa Rica).
Estas indagaciones permitirán conocer o descartar si el ex presidente Toledo tuvo alguna participación en las compras de dos inmuebles a nombre de su suegra, o si el dinero era suyo en realidad.