Las declaraciones de anoche del expresidente del IRTP Hugo Coya respecto a presuntas presiones del ministro de Cultura, Francisco Petrozzi, por la línea editorial del canal del Estado no solo tendrían implicancias políticas y éticas sino también legales.
Para los abogados penalistas Carlos Caro Coria y Luis Lamas Puccio, consultados por El Comercio, existirían indicios suficientes para que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, inicie una indagación preliminar por presunto abuso de autoridad.
“Porque al ser el director de un medio que se supone que debería ser plural, democrático, se estaría tratando, no con criterios técnicos sino políticos, de direccionar el ejercicio de su trabajo”, refirió Caro Coria.
Lamas Puccio consideró que el ministro de Cultura estaría excediéndose en sus atribuciones establecidas por ley pues, según dijo, no le corresponde “diseñar la política de comunicación de un medio” del Estado.
Sin embargo, sí hizo hincapié en que este caso tendría que ser visto por el Congreso que se instale el próximo año. La indagación de la fiscalía solo sería para recabar mayor información sobre el tema.
Ello debido a que, por su condición, Petrozzi cuenta con el antejuicio político, el cual debe ser resuelto primero en el Parlamento antes de que se formalice cualquier acusación.
Para el penalista Enrique Ghersi, este asunto corresponde a una falta política, aunque “sumamente delicada porque estamos en un proceso electoral”.
“Afectar la independencia de un medio tan importante es muy peligroso”, agregó.
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