La ex alcaldesa de Lima Susana Villarán sí se comunicó con el ex representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata para solicitar apoyo para el financiamiento de su campaña contra la revocación del 2013, estableció el Equipo Especial Anticorrupción, a cargo del fiscal Hamilton Castro.
Bajo ese argumento, la fiscalía solicitó ayer al Poder Judicial el impedimento de salida del país de Villarán y del ex gerente general de su gestión José Miguel Castro.
La medida es consecuencia de la apertura de la investigación preliminar a ambos y al ex gerente edilicio Gabriel Prado por los presuntos delitos de cohecho pasivo propio y lavado de activos.
El Poder Judicial ya había aprobado el levantamiento de las comunicaciones de Villarán y Castro tras las confesiones de Barata y el colaborador eficaz 12-2012; es decir, el publicista brasileño Valdemir Garreta.
El Comercio reveló que Garreta –aspirante a colaborador eficaz– declaró ante la fiscalía peruana que asesoró la campaña de Villarán por el No y que, por ese servicio, las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS le pagaron US$3 millones.
La fiscalía, tras obtener el reporte de llamadas, comprobó la existencia de comunicaciones entre Susana Villarán y Jorge Barata. También entre José Miguel Castro y el empresario brasileño durante el primer trimestre del 2013.En la investigación del caso, que es analizado por el fiscal adjunto Sergio Jiménez Niño, se presume que el dinero habría sido entregado por Odebrecht y OAS para recibir beneficios en los proyectos que tenían en la gestión de Villarán, como Vías Nuevas de Lima y Vía Parque Rímac (antes llamado Línea Amarilla).
—Audiencia—El requerimiento fiscal sobre el impedimento de salida para Villarán y Castro fue recibido por el Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria, a cargo del magistrado Manuel Chuyo. Chuyo ha programado para el 27 de noviembre la audiencia en la que la fiscalía deberá sustentar su pedido.
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