El anuncio de Pedro Chávarry de renunciar como fiscal de la Nación trae consigo algunas interrogantes sobre su sustituto y el tiempo que este permanecerá en el cargo. También sobre las investigaciones al magistrado supremo y el proyecto del Ejecutivo que busca declarar en emergencia el Ministerio Público.
—La reemplazante—Hoy debe realizarse la Junta de Fiscales Supremos (JFS) –compuesta por cinco magistrados– en la que Chávarry presentará su renuncia. Una vez que se oficialice esa decisión, el fiscal de la Nación será reemplazado por el fiscal más antiguo. Le corresponde a Pablo Sánchez, fiscal supremo y ex jefe de la Fiscalía de la Nación. Sin embargo, este ha dicho que declinará, por lo que debe asumir la fiscal suprema Zoraida Ávalos.
Ávalos estaría en el cargo de manera temporal, hasta que se convoque a una Junta de Fiscales Supremos para realizar la elección oficial.Cabe indicar que la Ley Orgánica del Ministerio Público habla de la suspensión del fiscal de la Nación y no de la renuncia.
El caso más reciente de suspensión se dio en diciembre del 2015, cuando el Consejo Nacional de la Magistratura suspendió a Carlos Ramos Heredia. Pablo Sánchez asumió el puesto de manera interina.
En julio del 2016, un mes después de que el CNM ratificara la destitución de Ramos, se realizó la elección oficial por el período de tres años del cargo.
Pero el ex fiscal supremo adjunto Víctor Cubas consideró que la situación actual es particular, ya que el CNM está desactivado.Además, dijo que debe tomarse en cuenta que Chávarry sigue siendo fiscal supremo titular y miembro de la Junta de Fiscales Supremos con derecho a voto.
Asimismo, recordó que, al igual que Chávarry, los fiscales supremos Tomás Gálvez y Víctor Rodríguez han sido incluidos en el informe de la fiscal Sandra Castro sobre Los Cuellos Blancos del Puerto.
“Sería nefasto que los fiscales cuestionados, con casos graves de crimen organizado, elijan al fiscal de la Nación titular”, afirmó Cubas.
Por tanto, cree que Ávalos debería permanecer como fiscal de la Nación interina hasta que se defina la situación de los tres fiscales supremos cuestionados.
El ex fiscal supremo adjunto Avelino Guillén considera, además, que ningún magistrado supremo cuestionado por el caso de Los Cuellos Blancos debe ser elegido como fiscal de la Nación.
Para el presidente de la asociación civil Transparencia, el ex canciller Allan Wagner, Chávarry también debería renunciar como fiscal supremo.
“Su presencia es inconveniente para poder hacer una reforma del Ministerio Público. [...] Está demostrado que ha obstaculizado las investigaciones”, afirmó.
—El antejuicio—En la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales hay cinco denuncias constitucionales contra Chávarry que están pendientes de debate.
Wagner señaló que, pese a la renuncia de Chávarry, aún debe responder por las denuncias, ya que todavía es fiscal supremo (cargo por el que tiene derecho al antejuicio).
El congresista Gilbert Violeta (Peruanos por el Kambio) indicó que las denuncias “deben seguir su curso, ser deliberadas y, de ser el caso, llegar al pleno con las acusaciones correspondientes”.
De esta manera, Chávarry podría ser investigado en la fiscalía. Hoy se espera que la subcomisión discuta el tema.
—Proyecto del gobierno—Hace unos días, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley que busca declarar en emergencia el Ministerio Público.
Violeta dijo que su bancada aún no ha debatido sobre el asunto, pero que, en su opinión, debería replantearse el proyecto del Ejecutivo.
“La circunstancia de emergencia y de crisis que suponía la presencia del señor Chávarry estaría dejando de existir; por lo tanto, creo que hay que llevar esto a la Comisión de Constitución y ahí ver qué reformas se necesitan en materia de la Ley Orgánica del Ministerio Público”.
Violeta recalcó que “la reforma del sistema de justicia no puede parar” y que “la propuesta del Ejecutivo es solo un pequeño aspecto colateral que suponía una situación de emergencia” debido al caso de Chávarry.
Wagner recordó que el primer ministro César Villanueva y el ministro Vicente Zeballos han dicho que “están abiertos a que se consideren alternativas”.
“Lo que debe hacerse es trabajar la mejor fórmula que permita realmente ir en una reestructuración del Ministerio Público que garantice su autonomía y su efectividad”, afirmó.