ROCÍO LA ROSA (@chiolaro)
La fiscal provincial de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial, Wendy Calero Espino, incluyó en la denuncia que formalizó ayer ante el Poder Judicial contra los dirigentes del Movadef, a diez cabecillas de Sendero Luminoso en prisión, entre ellos Abimael Guzmán, Elena Iparraguirre y Florindo Flores Hala 'Artemio'.
Los cargos contra estos últimos son el presunto delito de terrorismo, en la modalidad de dirigentes, mientras que contra la cúpula del Movadef son terrorismo en la modalidad de afiliación y tráfico ilícito de drogas, en la modalidad de financiamiento al terrorismo. Fuentes de la Dircote señalaron a El Comercio que en el caso de la cúpula de Sendero en prisión “hay hechos nuevos” que los comprometen, de acuerdo a la documentación hallada en sus celdas y a las escuchas legales.
ESCUCHA CLAVELa fiscal Calero dijo el último lunes que existen indicios suficientes para determinar que Sendero Luminoso y el Movadef “son lo mismo y están vinculados”. Que el Movadef recibía directivas de Abimal Guzmán se desprende de las interceptaciones a las conversaciones telefónicas entre Alfredo Crespo y la interna por terrorismo y miembro del Comité Central de SL, Victoria Obdulia Trujillo Agurto.
Tras el rechazo a la inscripción del Movadef en 2011, esta última llama a Crespo para que “por favor” lleve a Abimael Guzmán “la resolución a impugnar, la ley y el reglamento”.
Crespo respondió que “el doctor” (Abimael) le iba a dar su opinión“ el 2 de diciembre de 2011 y un día antes irían a visitar a Iparraguirre, él, Fajardo y Carlos Gamero (sub secretario de asuntos legales del Movadef), también para tratar el tema. El acta de esta interceptación se recoge en la resolución del Segundo Juzgado Penal Nacional que permitió la Operación Perseo 2014.
JUEZ DECIDE MAÑANATras la denuncia formalizada ayer por la fiscalía se infiere que el juez ya abrió proceso penal contra todos los comprendidos. En el caso de los detenidos en la Operación Perseo 2014 se ha solicitado nueve meses de prisión preventiva. Precisamente mañana será la audiencia en la que el Poder Judicial determinará si los detenidos afrontan el proceso en prisión o con comparecencia. La pena para los delitos imputados va de 20 a 25 años de prisión.
Tanto la policía como la fiscalía confían en que los detenidos permanezcan detenidos. “Las pruebas que se han encontrado en su contra son abundantes”, refirió una fuente de la Dircote.