El Poder Judicial autorizó que el Ministerio Público tenga acceso a la información contenida en los dos celulares que fueron incautados el día en que el expresidente Alan García se suicidó durante la operación de allanamiento a su casa en Miraflores en la que se iba a proceder con su detención.
El juez Leodan Cristóbal Ayala, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, emitió su decisión a la cual tuvo acceso El Comercio este sábado 16 de marzo, donde específicamente precisa que el primer despacho del equipo especial Lava Jato, a cargo de José Domingo Pérez, podrá acceder a los dos equipos celulares.
Esto implica la apertura, extracción, recuperación, lectura, examen, análisis, acceso, visualización, registro y almacenamiento de correos electrónicos, comunicaciones y demás correspondencias informáticas almacenadas tanto en las memorias de los celulares y las tarjetas SD.
El fallo determina que esta información debe estar “únicamente vinculada a la investigación formalizada” por el caso Lava Jato por presunto lavado de activos y otros delitos.
Adicionalmente se precisa que se establece como prohibición explícita que el Ministerio Público pueda extraer o recuperar información ajena al proceso, además de levantar el secreto de las comunicaciones de Luis Nava.
El magistrado Cristóbal Ayala recordó que dos celulares fueron incautados en la vivienda de Miraflores de Alan García el 17 de abril, cuando se efectuaba el allanamiento con fines de incautación de bienes relacionados a la investigación contra el exmandatario.
Cuando la fiscalía solicitó acceder a estos equipos en el 2021 en el marco de las investigaciones contra Luis Nava y otros, sin incluir a Alan García porque el caso contra el expresidente terminó con su fallecimiento, el juez rechazó la pretensión porque no autorizó la intervención al derecho a la intimidad.
Sin embargo, en diciembre del 2021, la decisión fue revocada en segunda instancia y se indicó que se debía volver a evaluar.
El juez, en su nuevo examen del caso, evaluó que la fiscalía no busca información penal sobre el fallecido García Pérez ni sus herederos, sino con los investigados con los que el exmandatario aprista tuvo comunicaciones en vida, con posible connotación ilícita.
Adicionalmente consideró que cuando fueron incautados los celulares, el equipo especial Lava Jato estaba ejecutando una medida autorizada por el Poder Judicial, lo que le facultaba acceder a los equipos de comunicación.
Finalmente, determinó que la medida es idónea, necesaria y proporcional, por lo que autoriza que se acceda a esta información contenida en los celulares.
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