El contralor general de la República, Fuad Khoury, remitió hoy al Ministerio Público cinco informes de control con el resultado de las auditorías realizados a los contratos de concesión de las obras y mantenimiento de las carreteras Interoceánica Norte y Tramos 2, 3 y 4 de la Interoceánica Sur.
En dichos informes se revelan una serie de presuntas irregularidades, entre las que figuran la adjudicación de la buena pro de la concesión de la Interoceánica Norte sin contar con el informe previo de la Contraloría General, así como deficiencias en la actuación y toma de decisiones durante el proceso de concesión por el Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura y Servicios Públicos.
Además, se convocó a concurso sin cumplir con los requisitos técnicos legales exigidos por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
En relación a la Interoceánica Sur tramo 3, la Contraloría identificó problemas constructivos en los puentes Chiforongo y Chaquimayo, así como la colocación de pavimentos en espesores menores a lo ofertado en la propuesta técnica, y la presencia generalizada de fisuras en pavimento (sector Km. 650 +000 al Km. 710+000), entre otros problemas.
La Contraloría apuntó que comunicó oportunamente estos y otros hallazgos a las instancias correspondientes.
Asimismo, la información proporcionada al Ministerio Público tiene como propósito contribuir con la investigación preliminar iniciada por la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios sobre los contratos de concesión de las obras y el mantenimiento de las mencionadas vías.
Por último, la Contraloría dijo que desde el año 2006, y en ejercicio de sus funciones, “cumple con desarrollar labores de control (previo, simultáneo y posterior) a los procesos de promoción y a la ejecución contractual de los citados contratos de concesión, emitiendo los respectivos informes”.
Según informó en junio pasado el portal Convoca, en 2009 la Policía Federal de Sao Paulo intervino las oficinas del grupo Camargo Correa y los domicilios de sus principales directivos, en la cual se incautaron documentos, correos y un USB que dan cuenta de supuestas coimas.
Dichos pagos irregulares -en relación a la carretera Interoceánica- habrían estado dirigidos a funcionarios de las gestiones presidenciales de Alejandro Toledo y Alan García.
LEE TAMBIÉN...
Juez supremo César San Martín dice que el Perú “se defendió bien” ante Corte IDH ►http://t.co/ouP2Vwm25O pic.twitter.com/TPwjq4HE0n— Política El Comercio (@Politica_ECpe) julio 1, 2015