El abogado Rodolfo Orellana, quien desde hace una semana cumple prisión preventiva en el penal de Piedras Gordas, fundó en el 2008 Coopex, cooperativa que se dedicaba a emitir cartas-fianza fraudulentas para estafar al Estado. Sin embargo, El Comercio ha podido conocer que Coopex no fue la única cooperativa creada con este fin.
Existen otras cuatro que emplean el mismo modus operandi. Estas son: Coopem, Soluciones Ltda., Afianza y Fianzas y Garantías. Estas avalaban a empresas que participaban en licitaciones con el sector público, a pesar de que no contaban con la autorización de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) ni con el respaldo financiero para emitir cartas-fianza.
Estas cinco asociaciones (contando a Coopex) fueron debidamente identificadas por la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú (Fenacrep), organización que regula las cooperativas y que se encuentra bajo la supervisión de la SBS. La Fenacrep determinó que estas cinco cooperativas compartían el mismo sistema de estafa.
“Todas tienen el mismo modus operandi”, afirma Manuel Rabines Ripalda, gerente general de Fenacrep.
A parte de Coopex, Coopem es la que parece estar más ligada a Rodolfo Orellana: El gerente de esta cooperativa, Nadal Arturo Rueda, sería amigo del abogado que hoy está preso.
“Se creó cuando denunciamos penalmente a Coopex. Imagino que ellos vieron que el proceso judicial que empezamos iba a avanzar y crearon por eso cooperativas paralelas para seguir operando y emitir cartas-fianza”, afirmó Rabines.
Rueda habría participado en la apropiación irregular de los predios de la Cooperativa de Ex Trabajadores Civiles de la Marina de Guerra del Perú (Coopemar) y de la Cooperativa de Ex Trabajadores de la Compañía Peruana de Teléfonos (Cervatel), dice Rabines.
“Nosotros concluimos que aquí ha habido una red de cooperativas y que alguien ha liderado todo esto”, agrega el gerente general de esta federación.
Fenacrep sostiene que este grupo de cooperativas habría estafado al Estado por más de S/.500 millones, y que si estas cartas-fianza fueron aceptadas por diferentes instituciones es porque habría habido algún nivel de complicidad.
OÍDOS SORDOSRabines recuerda que comunicó de la actuación de estas cinco cooperativas a la Contraloría General de la República, al Ministerio Público y a la SBS. Sin embargo, la respuesta no fue la que él esperaba.
Por ejemplo, en el 2010, envió un oficio al contralor Fuad Khoury para advertirle de estos ilegales documentos. Lo mismo hicieron, recuerda, con el entonces fiscal de la Nación José Peláez Bardales en el 2011.
“Nos dejaron solos contra ellos”, afirma ahora Rabines.