Para el fujimorismo, octubre del 2018 no fue el mes de los milagros. A la inesperada anulación del indulto de Alberto Fujimori le siguió una orden de detención preliminar por 10 días contra Keiko Fujimori y otras 19 personas vinculadas a Fuerza Popular (FP).
Días después de recuperar su libertad gracias a la resolución de una sala superior, quizás intentando revertir una crisis en ciernes, la lideresa de FP invocó al presidente Martín Vizcarra a construir juntos una “agenda de reencuentro nacional”. Al día siguiente empezó la evaluación del pedido de prisión en su contra.
Durante los siguientes 7 días que duró la audiencia, miles de peruanos se mantuvieron en vilo. Justicia TV, el pequeño canal del Poder Judicial, obtuvo niveles de sintonía sin precedentes. Según una encuesta de El Comercio-Ipsos, 74% de peruanos vieron o escucharon al menos una pequeña parte de la audiencia.
Hoy jueves se cumplió un año desde que Keiko Fujimori fue encarcelada. El 31 de octubre del 2018, el juez Richard Concepción Carhuancho dictó 36 meses de prisión preventiva contra la heredera de Alberto Fujimori, una decisión judicial que muchos creían imposible para quien era percibida como la mujer más poderosa del país.
La fiscalía le imputa a Fujimori ser la cabecilla de una presunta organización criminal enquistada dentro de Fuerza Popular, que habría lavado US$ 1 millón entregados por Odrebrecht en el 2011. Para el juez, la existencia de peligro de fuga y obstaculización de la justicia justificaban el encarcelamiento. En todo momento, Keiko Fujimori ha rechazado las imputaciones.
“Me preocupa que diga lo que diga o haga lo que haga, usted ya tendría una decisión tomada”, le dijo Keiko a Concepción Carhuancho momentos antes de la lectura de sentencia. Poco más de un año antes, luego de que el mismo juez dictase una orden de prisión preventiva contra los Humala-Heredia, la lideresa de FP había declarado que el sistema judicial había “dado muestras de independencia”.
Ante las cámaras y entre lágrimas, Mark Vito se dirigió a su esposa: “Keiko, te amo, por favor resiste”. Daniel Salaverry, quien meses después se convertiría en enemigo público del fujimorismo, tuiteaba el “hashtag” #KeikoCreoEnTi.
El 1 de noviembre, Keiko Sofía Fujimori fue encarcelada en el Penal Anexo de Mujeres en Chorrillos, en el mismo ambiente en el que estuvo recluida Nadine Heredia, una de sus princpales adversarias políticas. Su padre se disculpó con ella en su muro de Facebook: “Hija mía, siento mucho haberte metido en el mundo de la política que te ha hecho tanto daño”.
—La batalla judicial—
Desde que fue encarcelada hace un año, Keiko Fujimori ha tentado la libertad en 2 ocasiones. La primera de ellas fue mediante una apelación a la resolución del juez Concepción Carhuancho. En la audiencia, la lideresa del fujimorismo hizo uso de la palabra a través de una videoconferencia y aseguró que seguirá en el Perú para enfrentar todos los cargos en su contra “hasta las últimas consecuencias”. La apelación, sin embargo, fue rechazada por unanimidad en enero del 2019.
Luego lo hizo a través de un recurso de casación ante la Corte Suprema que si bien no logró su libertad, sí redujo el plazo de prisión preventiva de 36 a 18 meses el pasado setiembre. A pesar de todo, en agosto, la Encuesta del Poder de Semana Económica mostraba a Keiko Fujimori como la mujer más poderosa del Perú.
Keiko Fujimori ha agotado todas las instancias de Poder Judicial, pero aún le queda un último cartucho. El 4 de julio, su hermana, Sachi Fujimori, interpuso un hábeas corpus a su favor ante el Tribunal Constitucional (TC), pedido que fue evaluado el último el 25 de setiembre. Afuera del TC, simpatizantes naranjas clamaban por la libertad de su lideresa. Adentro, uno de los magistrados dormía. Finalmente, la decisión se dejó al voto. Ernesto Blume, presidente de la institución, dijo que la sentencia que decida sobre la libertad de Fujimori Higuchi será emitida “lo antes posible”.
Ayer, ante la prensa extranjera, Blume adelantó que la próxima semana, el pleno del Tribunal Constitucional estará debatiendo la resolución sobre el recurso de hábeas corpus que se presentó a favor de Keiko Fujimori.
—El impacto en Fuerza Popular—
Con Keiko Fujimori en prisión, el partido naranja entraba a la parte más oscura de su crisis, no solamente de cara a la población, sino también internamente.
A fines de octubre, el congresista Daniel Salaverry solicitó licencia temporal al bloque de Fuerza Popular. La razón invocada fue la intención de desempeñar de manera imparcial su cargo de presidente del Parlamento. “No debe interpretarse como un alejamiento de Keiko Fujimori”, aclaró en ese entonces. “Ella es una mujer que admiro por su honestidad, su entereza, su coraje, pero sobre todo por su liderazgo en Fuerza Popular”.
Sin embargo, durante los meses siguientes, una seguidilla de enfrentamientos entre Salaverry y los congresistas fujimoristas culminarían en su renuncia definitiva al partido, luego de que se haya presentado una moción de censura en su contra.
En setiembre del 2019, en el programa “Cuarto Poder”, Salaverry afirmó que, en el 2018, la lideresa del fujimorismo le había pedido que se prepare para adelantar las elecciones.
En abril del 2019, Fuerza Popular anunció el relanzamiento del partido, con su líder histórico y su lideresa actual en la cárcel. En Twitter, Keiko aseguraba que su organización política pondría “todo de su parte”.
Hoy, con un Congreso disuelto y un proceso electoral en marcha, el fujimorismo no ha logrado recomponerse de los golpes de los últimos años. La carta enviada por Alberto Fujimori en la que dice sostiene “quienes choquen con la unidad no tienen lugar en la familia fujimorista” ilustra los cismas que aún no han sido superados dentro del partido naranja. Keiko, por su parte, ha respondido que “ha llegado el momento de volver a empezar”.