El fiscal del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez, afirmó este miércoles que el pedido de aclaración que el procurador del Poder Judicial, Marco Palomino, presentó ante el Tribunal Constitucional puede derivar en que el recurso de hábeas corpus de Keiko Fujimori vuelva a votarse y se anule el fallo que lo declaró fundado.
“Lo que plantea el procurador del Poder Judicial mediante el recurso de aclaración es que se vuelva a votar porque los fundamentos no son congruentes. En ese orden de ideas, se entiende que la decisión de la excarcelación de Keiko [Fujimori] presenta vicios, lo cual puede anular una decisión anterior”, dijo a su salida de la audiencia de comparecencia con restricciones contra Arsenio Oré Guardia, Giulliana Loza, y otros cuatro abogados.
“Finalmente va a ser el propio TC el que resuelva el pedido de la procuraduría pública del Poder Judicial. Esta excarcelación [de Keiko Fujimori] presenta vicios, que deben ser atendidos por el TC”, sentenció.
En otro momento, José Domingo Pérez negó que exista un abuso por parte del Ministerio Público en los pedidos de prisión preventiva realizados contra diferentes investigados como el caso de la lideresa de Fuerza Popular, quien estuvo más de un año en el Penal Anexo de Mujeres en Chorrillos.
“Contra los abogados se ha pedido comparecencia con restricciones, que es una medida menor. Por lo que es falso ese juicio que los detractores del equipo especial o los defensores de los intereses de la corrupción pretenden levantar respecto a que el Ministerio Público solamente pide prisiones preventivas o que habría un uso excesivo de las prisiones preventivas. Por el contrario, este uso es excepcional y solo se solicita cuando es necesario y es finalmente el Poder Judicial el que acepta o no”, puntualizó.
Cabe indicar que la audiencia contra los abogados se reprogramó para el próximo 30 de diciembre en atención a que el Ministerio Público presentó nuevos elementos que aún no han sido revisados por las defensas.
Los letrados son investigados por la fiscalía por el presunto delito de obstrucción a la justicia, en el caso de los presuntos aportes ilícitos a las campañas de Keiko Fujimori.