La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se acogió este lunes a su derecho a guardar silencio en el interrogatorio programado por el fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial, en el marco de las investigaciones por el presunto delito de lavado de activos por el caso Odebrecht.
A través de un pronunciamiento en sus redes sociales, afirmó que no existen las garantías del debido proceso que se sigue en su contra por el que cumple una orden de prisión preventiva en el Penal Anexo de Mujeres en Chorrillos.
“No existen las garantías mínimas de respeto al debido proceso. No es casualidad que haya programado mi declaración en la semana decisiva que el Tribunal Constitucional está debatiendo mi libertad. No voy a prestarme al juego perverso de un fiscal que quiere escribir un nuevo capítulo de su serie de abusos y atropellos”, afirmó.
Keiko Fujimori consideró que “la actitud” del fiscal Pérez Gómez ha estado marcada "por la violación sistemática del debido proceso”, al ocultar documentación reservada a su defensa.
“Mientras ocultaba documentación reservada a mi defensa, la filtraba en simultáneo a los medios cada vez que se iba a decidir algo importante. Es por este motivo que voy a ejercer el derecho a guardar silencio que le asiste a todo procesado”, aseveró.
Además, reiteró que durante 19 años ha colaborado con la justicia asistiendo a cada una de las diligencias programadas y entregando la documentación necesaria. “He cumplido con mi responsabilidad y seguiré colaborando con la justicia”, dijo.
Finalizada la diligencia, Giulliana Loza, abogada de la lideresa de Fuerza Popular, dijo que “en atención de que son constantes las afectaciones al debido proceso”, su defendida decidió hacer uso de su derecho a guardar silencio, el cual no puede ser usado en su contra.
“Ella ha hecho uso al derecho de guardar silencio, que es un derecho que le asiste, guardar silencio a todos los procesos y como bien ha reconocido el fiscal, es un derecho que no puede ser usado en su contra”, precisó.
El representante de la fiscalía llegó alrededor de las 10 de la mañana al centro penitenciario, a fin de tomar una ampliación de declaración de Keiko Fujimori, tras el testimonio del empresario Dionisio Romero Paoletti, quien declaró que Credicorp entregó US$3,6 millones a su campaña presidencial del 2011.