La Sala Penal Especial de la Corte Suprema declaró infundado el recurso de apelación que presentó la defensa de Luciana León, integrante de la Comisión Permanente, contra la orden de allanamiento e incautación de bienes que ejecutó en su departamento, su despacho parlamentario y otros inmuebles como parte de las investigaciones del caso “Los Intocables Ediles”.
Luciana León -investigada por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho pasivo propio- incluyó once pedidos en el mencionado recurso, que iban desde dejar sin efecto el levantamiento del secreto de las comunicaciones, hasta que no se use ningún bien, ni documento incautado durante el allanamiento, realizado el 22 de octubre.
En el recurso, León pedía además al Poder Judicial que se remitan copias de todo lo actuado a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y al Ministerio Público a fin de denunciar a todos los magistrados que intervinieron en lo que consideraba una “acción arbitraria e ilegal”.
Solicitó también que se deje sin efecto el “allanamiento y el registro domiciliario con orden descerraje” de los inmuebles allanados.
El 22 de octubre, la Fiscalía de la Nación, con apoyo de la policía, allanó diversos inmuebles e incautó algunos documentos en el marco de la investigación contra la organización criminal “Los Intocables Ediles”, acusada de cobrar cupos desde la Municipalidad de La Victoria a los comerciantes ambulantes de este distrito.
Según las indagaciones e interceptaciones telefónicas, Luciana León debe ser investigada por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado y cohecho pasivo. Esto, ante las comunicaciones que tenía la asesora principal de la aprista, Betsy Matos, con uno de los cabecillas de la banda criminal, Alexander Peña Quispe.