“La Legislatura llamó a licitación para comprar 45 televisores LED y 20 frigobares”. Este fue el titular del diario digital Infobae, el medio online más visitado de Argentina, el 17 de abril de este año. La noticia continúa así: “A menos de dos meses para el Mundial de Rusia, la Legislatura porteña publicó el llamado a licitación”.
Como era de esperarse, la prensa y la televisión argentina se sumaron a la crítica planteada por el influyente medio digital. En vísperas del Mundial, los televisores los compran los aficionados. Nadie está en contra de la hinchada, pero que se paguen su afición con su plata.
Por supuesto, los políticos argentinos respondieron negando que la urgencia de la convocatoria tuviera que ver con la proximidad del Mundial; pero ningún congresista gaucho se atrevió a amenazar a la prensa por juzgar la oportunidad de la compra.
En el Perú, en cambio, los cuestionamientos a la adquisición de 60 televisores y 76 frigobares ordenada por el Congreso, en vísperas del Mundial, han merecido una respuesta cargada de intimidación.
En lugar de explicar las razones por las que el Congreso tiene la imperiosa necesidad de hacer esta compra en los próximos 15 días, su presidente, Luis Galarreta, enseñó los dientes. Insultó a los periodistas llamándolos mermeleros y amenazó a los medios aludiendo expresamente a la controvertida ley Mulder: “Vamos a aprobar otra ley para que saquen la publicidad de algunos medios mermeleros. La ley de medios mermeleros la vamos a apoyar de todas maneras”, espetó.
Al final del día la bravata esgrimida por Galarreta evidencia lo que realmente se esconde detrás de ese proyecto de ley: animosidad, venganza y abuso de poder.
Es cierto que la publicidad del Estado ha sido usada en nuestro país por todos los partidos que han pasado por el poder y Mulder, el autor de la ley contra la prensa, lo sabe: él fue el presidente de IRTP durante el primer gobierno de Alan García. Es cierto que ningún medio debe vivir, únicamente, de la publicidad estatal. Pero aprovechar la necesidad de una regulación para convertir la norma en una herramienta de chantaje es inaceptable y antidemocrático.
Los periodistas sabemos que los políticos en el poder detestan que los fiscalicen. Que odian que se les pregunte qué hacen con los dineros que, saliendo de las arcas del Estado, ellos disponen a su antojo. Los periodistas siempre chocamos con los políticos ensoberbecidos y empoderados. Por eso la relación entre la prensa y la política no puede ser vertical.
En noviembre del 2016, este Congreso compró, sin licitación, bajo la modalidad de convenio marco, 980 computadoras por más de S/5 millones. Y en diciembre de ese año volvió a comprar sin licitación pública, bajo adjudicación directa, canastas de Navidad por casi S/4 millones.
Cuando la prensa cuestionó los montos dispendiados, la entonces presidenta del Congreso, Luz Salgado, respondió airada y amenazó con renunciar.
Ahora, cuando la prensa pregunta por decenas de televisores y frigobares que llegarán al Parlamento, justo a tiempo para la celebración de la fiesta del fútbol, el presidente del Congreso amenaza con sacar una ley que retiraría la publicidad estatal de los medios.¿Qué está diciendo Galarreta? ¿Yo puedo quebrar los medios? ¿Yo puedo obligarlos a cerrar? ¿Yo puedo acabar con la libertad que tienen estos periodistas para evidenciar abusos y dispendios?
¿Quién es el mermelero?
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