A través de una carta de fecha 2 de abril y enviada a la vocera de la bancada Unidos por la República, Patricia Donayre, el legislador Miguel Castro dio a conocer su decisión de apartarse del grupo parlamentario.
En el oficio, el legislador explicó que se aleja de la agrupación porque “no tiene coincidencias ideológicas” con la misma.
En esa línea, Castro indica que su renuncia se produce por “razones de conciencia alineadas” a sus convicciones políticas en la libertad de empresa y libertad de expresión.
“Considero que no tenemos las mismas coincidencias ideológicas al interior del a bancada, por lo que en aras de continuar con mi trabajo bajo esos principios he decidido apartarme de ella”, dice Castro en la carta difundida por Canal N.
Con su alejamiento, Unidos por la República se quedaría con cuatro legisladores: Patricia Donayre (ex Peruanos por el Kambio), Rolando Reátegui, Glider Ushñahua e Israel Lazo (ex Fuerza Popular).
Cabe precisar que el inciso 1 del artículo 37° del Reglamento del Congreso establece que los grupos parlamentarios se pueden conformar siempre que se cuente con un número de cinco legisladores.
Sin embargo, El Comercio pudo conocer que la bancada se reuniría mañana para evaluar la carta de Castro, quien no habla específicamente de una renuncia.
En esa línea, fuentes parlamentarias señalaron que la bancada podría recurrir a la figura usada por Úrsula Letona, quien planteó su renuncia a Fuerza Popular, aunque esta no ha sido aceptada hasta el momento.
Además, también se pudo conocer que la bancada evalúa la inclusión de dos parlamentarios más, con lo que no perdería su condición como grupo.
Consultado por este Diario, Castro no descartó que su bancada sume a un miembro más con su alejamiento. “Yo espero que acepten mi carta, porque lo hice en el mejor de los términos”, refirió.
Antes de pertenecer a Unidos por la República, Castro estuvo en las filas de Fuerza Popular. De esta agrupación se alejó el 9 de enero de este año arguyendo “razones de divergencia y dispersión de los ideales políticos que tuvimos en común al inicio”.
Esa decisión se produjo meses después de que revelase ser testigo protegido en la investigación que se sigue a Keiko Fujimori por los presuntos aportes de Odebrecht a su campaña electoral del 2011.