Mientras se discute la delegación de facultades, las nuevas atribuciones de la UIF y la norma que permite disminuir el sueldo a los trabajadores, dos hechos nos escandalizaron y, aunque no tengan efectos en la economía o la lucha contra la corrupción, tienen consecuencias nefastas en los valores democráticos, el Estado de derecho y la autoestima de la nación.
El jueves, la Sala Penal Nacional de Apelaciones Transitoria y Liquidadora de Bagua absolvió a los 52 acusados de la muerte de 12 policías en la Curva del Diablo el 5 de junio del 2009 durante el ‘baguazo’.
La decisión judicial exculpó a los dirigentes Santiago Manuin y Alberto Pizango, acusados de instigación al homicidio. En el 2009, los ciudadanos de las etnias awajún y wampis exigían que se derogaran dos decretos legislativos que consideraban un atropello a su territorio. Según la sentencia, los policías fueron asesinados con balas de fusil y la prueba de absorción atómica dio negativa en todos los procesados.
¿Quién mató a los policías que trataron de imponer el orden en una zona de conflicto que entonces se prolongaba por 45 días? ¿Las balas se dispararon solas? ¿Los crímenes de estos uniformados quedarán impunes?
Resulta inaudito que siete años después no se haya podido determinar quién acabó con la vida de un grupo de policías enviados a una zona donde el conflicto se desbordó.
El mensaje de este fallo es terrible, pues se puede protestar, agredir y hasta matar a quienes tratan de devolver el orden sin ninguna consecuencia.
Podemos discrepar o estar de acuerdo con el tema de fondo de la protesta en Bagua, y también condenar la forma como actuó el gobierno de turno, pero lo que no debe permitirse es que prevalezca la impunidad ante el crimen de un grupo de policías que cumplían su deber.
Si bien la desaparición del mayor Felipe Bazán forma parte de otro proceso, este fue visto por última vez en la Curva del Diablo, donde un grupo de exacerbados pobladores lo masacra con palos, piedras y lanzas. Las imágenes no mienten. ¿Será que tampoco se podrá determinar quién acabó con la vida de Bazán?
Y cuando intentábamos digerir la indignación ante la impunidad, nos enteramos de que en Comas los terroristas muertos en la llamada “matanza de los penales” no solo tienen un mausoleo, sino que algunos de ellos son llevados en procesión y calificados como presos políticos.
Es innegable que toda persona –por más criminal que sea– merece ser enterrada, y también es imposible soslayar las circunstancias en que murieron, pero eso no justifica este despliegue prosenderista a vista y paciencia de las autoridades y tampoco amerita que se los llame “presos políticos”, pues esa figura no existe en nuestro país.
Tras la sentencia de Bagua y el cortejo de terroristas, vale la pena preguntarnos: ¿En qué momento pasamos de ser víctimas a verdugos? ¿Cuándo el intento de establecer el orden y llamar a las cosas por su nombre se convirtió en una mala palabra? ¿Hasta cuándo seremos rehenes de la dictadura de lo políticamente correcto? El mundo al revés.
MÁS EN POLÍTICA...
#PPK: Discusión por legalización de drogas se da todos los días ►https://t.co/uQwcGHeBvK pic.twitter.com/69T66Uy66G— Política El Comercio (@Politica_ECpe) 26 de septiembre de 2016