En los últimos días el presidente Humala se ha esforzado por tratar de calmar las aguas empresariales. El jueves pasado, durante el encuentro de la Alianza del Pacífico, el presidente fue muy claro en su mensaje: quiere generar tranquilidad, confianza y mejorar las relaciones entre Estado y empresa. Consecuentemente el viernes, ya en el Perú, el señor Humala anunció personalmente diversas medidas concretas para fomentar la inversión privada. Hay que resaltar que incluso prefirió quedarse en el país para realizar este anuncio que viajar a Ecuador para participar en la toma de mando de su homólogo Rafael Correa (lo que, de por sí, ya podría ser considerado como un mensaje: cuidemos la imagen evitando juntas que espantan a la inversión). Como muestra de su convicción con el nuevo discurso, dos de las mencionadas medidas fueron promulgadas el mismo fin de semana.
Posteriormente, el ministro Castilla se dio el trabajo de explicar detalles de varias de estas iniciativas y cómo lograrían amortiguar la caída de la confianza empresarial. Por ejemplo –según declaró el ministro en una entrevista que publicamos ayer–, solo las reformas que agilizan la obtención de los certificados de inexistencia de restos arqueológicos y los estudios de impacto ambiental permitirían destrabar en el corto plazo inversiones por unos US$15.000 millones. Además –anunció el señor Castilla–, vendrían varios paquetes adicionales de reformas para impulsar el crecimiento.
Parece que la estrategia del Gobierno para recuperar la confianza de que el Perú camina por el rumbo económico correcto consiste en hechos y no solo palabras, cosa que hay que celebrar. Sin embargo, la confianza de los ciudadanos (incluyendo la empresarial) se apoya en una mesa de dos patas: la certeza de que no se cambiarán las reglas de una economía abierta y la seguridad de que no se atentará contra las reglas de una verdadera democracia. Y lamentablemente, en lo que respecta a esta última pata, el Gobierno de las palabras no ha pasado.
Hoy, son dos los temas que más preocupan sobre el compromiso de este gobierno con la democracia. Nos referimos a la posibilidad de que exista una estrategia de “reelección conyugal” para perpetuarse en el poder y de que sean ciertas las varias denuncias de que el gobierno está usando los recursos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) para espiar a sus opositores.
Sobre el primer tema, el primer ministro repitió ayer que el gobierno “no va a cambiar la ley electoral para plantear la candidatura de la señora Heredia”. Sus palabras, sin embargo, no parecen ser respaldadas por hechos concretos. Se ha vuelto común que la primera dama se dedique a hacer proselitismo político (como el último viernes en Huancavelica) o que participe en ceremonias de programas sociales cual presidente/candidato en busca de votos. Además, no podemos olvidar que la misma señora Heredia nunca ha negado tajantemente su candidatura y que el presidente tampoco quiso descartarla y, más bien, indicó que prefiere que sus críticos “sufran” con esta incertidumbre. Adicionalmente, poca tranquilidad da que el señor Jiménez diga que no pretende que el Congreso cambie la ley cuando, aparentemente, la vía más práctica para viabilizar la candidatura de la primera dama sería pedir que el Jurado Nacional de Elecciones ‘inaplique’ dicha norma alegando su inconstitucionalidad.
Sobre el segundo tema, los hechos tampoco confirman las palabras del primer ministro, quien ha negado cualquier tipo de espionaje a la oposición. La Comisión de Inteligencia del Congreso –encabezada por Gana Perú– es la encargada de fiscalizar a la DINI. Pero, como reportamos ayer, se ha estancado en las indagaciones sobre las mencionadas acusaciones. Su presidenta, incluso, no quiso declarar a El Comercio sobre el tema y dos semanas atrás señaló que para ella ya todo estaba claro. Paralelamente, el señor Jiménez pide a la oposición las pruebas del supuesto ‘reglaje’, pasando por alto que es él quien tiene el poder legal de pedir cuentas a la DINI sobre el uso de sus gastos reservados, para ayudarnos así a todos a salir de estas espantosas dudas.
Hay que saludar que el Gobierno demuestre con hechos que se preocupa por una de las patas de la mesa. Esperemos que pronto, por el bien del país, le preste la misma atención a la otra.