Muchos creen que la minería viene creciendo a tasas altas en nuestro país. Esto, lamentablemente, no es cierto. Pocos saben que en los últimos cuatro años el valor bruto de la producción minera ha venido decreciendo a un ritmo promedio de 1,9% por año. El decrecimiento acumulado es de casi 8%. La razón principal tiene que ver con las dificultades que encuentran las mineras existentes para desarrollar ampliaciones y nuevos proyectos, debido a la resistencia bien organizada y financiada del movimiento antiminero y a las dificultades para obtener permisos y licencias.
El epicentro de la acción antiminera es Cajamarca, donde dicho movimiento prácticamente ha logrado sus objetivos. Hace unos días el INEI reveló que la producción de oro en esa región cayó 27% en el 2012 (y venía ya disminuyendo los años anteriores). La producción de oro de Yanacocha, por ejemplo, ha bajado de 3,3 millones de onzas en el 2005 a 1,3 millones en el 2012. Es decir, se ha reducido a la tercera parte, y ya su gerente general ha explicado que si no se abren Conga y otros proyectos, Yanacocha se retirará de Cajamarca en el 2016. A pesar de que esa empresa posee reservas conocidas para una vida útil de por lo menos cuarenta años, estas le son de muy poca utilidad si no se le deja explotarlas.
Los antimineros, de este modo, están logrando hundir a Cajamarca. A partir del 2016 esa región se quedaría sin canon, porque los otros proyectos (Galeno, Michiquillay y La Granja) muy probablemente no saldrían si Conga no va.
Sin embargo, los antimineros no se han quedado satisfechos con paralizar Cajamarca. Su siguiente ataque ha sido al proyecto Cañariaco en la sierra de Lambayeque (el último evento ha sido el acuerdo del Comité Unificado de Lucha de Cajamarca de organizar a 5.000 campesinos de tres departamentos para desalojar a la minera Candente Copper el próximo sábado). También han sido puestos en la mira los promisorios proyectos Pukaqaqa en Huancavelica y Pucará en Tacna. Todo esto luego de haber tenido éxito en paralizar los proyectos Río Blanco en Piura y Tía María y la ampliación de la concentradora de Toquepala en el sur.
La minería sin duda está en jaque en el Perú. Hay quienes dirán que los proyectos Antapaccay, Las Bambas y Toromocho revertirán la caída y que aumentará nuevamente la producción. Pero tal como vienen las cosas, nada es seguro. Ya el primero está nuevamente bajo acoso en Espinar y si no se adoptan medidas preventivas, los otros dos pueden verse amenazados.
Por supuesto, el movimiento antiminero no es realmente uno ecológico, sino en cambio uno ideológico. Si bien se vende como el defensor del medio ambiente, en verdad no es más que un enemigo del capital. De lo contrario, lo veríamos tomando alguna acción o llevando a cabo alguna protesta para combatir a la devastadora minería ilegal. Como ha demostrado un estudio citado por Richard Webb en esta página, 200.000 habitantes de Madre de Dios están siendo envenenados por el mercurio que emplea la minería informal. ¿Acaso alguien ha visto a Gregorio Santos, Marco Arana, Wilfredo Saavedra u otro antiminero protestando por esta tragedia?
El gobierno, desafortunadamente, no ha tomado al toro por las astas y sigue consintiendo las acciones ilegales de dicho movimiento a lo largo y ancho del país. No es gratuito que la percepción de los empresarios acerca de la promoción de la inversión privada que realiza el gobierno se haya deteriorado. El año pasado un 23% de los empresarios encuestados por Apoyo Consultoría le daba una mala calificación al gobierno en ese tema. Ahora, ese porcentaje ha subido al 52%.
El presidente Humala no puede darse por vencido en la tarea de promover la minería responsable. De los recursos que esta produce dependen no solo el bienestar económico de miles de familias, sino también los recursos estatales que podrían impulsar la salud, educación, seguridad o infraestructura que tanto necesita nuestro país.