El apéndice es un órgano que, según una parte de la opinión científica, no cumple función alguna en el cuerpo humano. De acuerdo con algunas teorías, diese la impresión de que se trata de una ‘estructura vestigial’; es decir, un órgano que cumplió alguna tarea en un pasado remoto pero que se volvió inútil con la evolución. En fin, hoy el tema es muy discutido en la literatura sobre evolución humana, pero sí hay algo sobre lo que existe certeza: el apéndice genera riesgos grandes, pues una apendicitis puede derivar en peritonitis y esta, a su vez, en la posible muerte del paciente.
Resulta que estas ‘estructuras vestigiales’, así como existen en el cuerpo humano, se encuentran también en el cuerpo estatal. Se trata de organismos cuya existencia podría haber sido entendible en una época distinta, cuando el gobierno perseguía finalidades diferentes a las que hoy persigue, pero que hoy aparecen superadas debido a la evolución del Estado y a la superación de ideologías que solo causaban daño a los ciudadanos. Y, al igual que el apéndice en el cuerpo humano, exponen al país a importantes riesgos.
Este es el caso de los organismos que en distintas naciones se dedican a imponer derechos antidumping. Estos últimos son derechos que deben pagar los productos importados que sean vendidos a un precio menor que en su mercado de origen y que con eso causen daño a la industria nacional. En pocas palabras, se trata de medidas que ponen trabas al comercio internacional para proteger los intereses de los industriales locales. Algo que era natural que sucediese, por ejemplo, durante la década de 1970, cuando éramos una economía cerrada y proteccionista, pero que no tiene ningún sentido hoy, cuando hemos abierto las puertas al comercio internacional para beneficio de la mayoría de los peruanos, como muestra el espectacular crecimiento económico que ha vivido nuestro país en los últimos años.
Recientemente, la Comisión de Dumping y Subsidios del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) decidió imponer derechos antidumping a polos, camisas, pantalones, shorts, ropa interior, medias y productos similares provenientes de China. Los industriales peruanos celebraron esta decisión argumentando que ella protege el interés nacional. Un argumento por lo demás engañoso, pues el único interés que realmente protege es el de ese grupo de industriales que no son lo suficientemente competitivos (a diferencia de tantos otros grupos empresariales peruanos) como para ser mejores que la competencia extranjera. Ese grupo mercantilista que solo puede ganar la carrera si el Estado pone obstáculos en el camino de sus competidores.
El verdadero interés nacional, en cambio, ha sido perjudicado con esta decisión. Nos referimos, en primer lugar, al interés de todos los consumidores peruanos de tener a su disposición una mayor diversidad de productos, de distintas calidades y a mejores precios (lo que les permite además tener la posibilidad de contar con más dinero en sus bolsillos para adquirir otros productos que también necesitan).
La decisión de la comisión (que ni siquiera ha sido unánime y que para colmo ha sido calificada de poco técnica por varios expertos) además tiene el potencial de causar un grave daño a nuestro comercio internacional. China, en respuesta a la medida peruana, podría poner trabas a nuestras exportaciones y retirar sus fondos de cooperación. Incluso, si este incidente le hace sentir que el Perú no es un socio comercial confiable, podría reconsiderar proseguir con sus inversiones en el país, las cuales son de enorme relevancia, especialmente en los campos de la minería y la infraestructura. Todo ello sin contar que un precedente así será muy mal visto por la comunidad internacional.
El caso, afortunadamente, aún no ha terminado, pues la segunda instancia tiene que pronunciarse al respecto. Existe la posibilidad de que ella revoque la decisión de la comisión y evite que, por proteger a un grupo de industriales poco competitivos, el Indecopi le cause al Perú una peritonitis.