He sido y soy muy crítico de Martín Vizcarra, de la disolución a mi juicio inconstitucional del Congreso, de su manejo de la pandemia, pero el Congreso no puede caer en el juego de un personaje como Edgar Alarcón, segundo de Antauro Humala, para producir la vacancia presidencial a tan cortos meses del cambio de gobierno y en medio de la lucha contra la pandemia y la depresión económica. Sería profundizar el pozo sanitario y económico y provocar resultados imprevisibles en las elecciones.
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La vacancia por incapacidad moral, por lo demás, no debería existir: es subjetiva y se presta a la arbitrariedad política.
Pero esto es consecuencia de una lucha anticorrupción concebida como instrumento de popularidad, que obliga al presidente a ocultar cualquier indicio impropio por más ridículo que sea y que lo condujo a disolver el Congreso sin procurarse una mayoría (que es el sentido de la disolución), por puro deporte populista. Si la tuviera, esto no pasaría.
Lo que nos lleva a remarcar la importancia decisiva de que el próximo gobierno tenga mayoría. Tendremos alrededor de 20 o más candidatos presidenciales multiplicados por 2.600 candidatos congresales ofreciendo el oro y el moro para captar el voto preferencial. El problema es que el Congreso que salga de esa elección podría ser casi tan fragmentado y populista como el actual, complicando seriamente la gobernabilidad en circunstancias en las que el Ejecutivo necesitará entenderse con el Parlamento para aprobar las leyes y reformas necesarias para reconstruir la economía nacional.
Waldo Mendoza, presidente del Consejo Fiscal, opina que el Marco Macroeconómico Multianual es optimista cuando calcula que creceremos 4,5% al año entre 2022 y 2024, tasa necesaria para incrementar la recaudación a fin de no tener que endeudarnos hasta un peligroso y costoso 50% del PBI. Entonces, si el próximo gobierno carece de gobernabilidad en el Congreso, afrontará dificultades económicas crecientes que le impedirán atender las demandas sociales, lo que nos devolverá a un escenario parecido al de los años 80, poniendo en riesgo la propia estabilidad democrática.
Para evitar un cuadro como ese, es indispensable aprobar ahora la elección del Congreso junto con la segunda vuelta presidencial, para que el gobierno tenga mayoría o cuando menos una primera mayoría importante. Basta con cambiar un artículo de la Ley Orgánica de Elecciones.
La democracia, constitutivamente compleja debido a los controles horizontales, tiene que ser capaz de resolver problemas. Eso es posible en los regímenes parlamentaristas, donde el Ejecutivo tiene mayoría en el Congreso por definición, porque nace de él de modo que el jefe de la bancada mayoritaria se convierte en primer ministro. Juan Linz y Arturo Valenzuela demostraron que los presidencialismos latinoamericanos son disfuncionales y propusieron su conversión al parlamentarismo. Eso está fuera de discusión ahora, pero sí podemos seguir el camino de Francia, que abandonó la ingeniosa pero incómoda solución de la ‘cohabitación’ (el presidente nombra primer ministro al jefe de la oposición mayoritaria) por una ley del 2001 que llevó a realizar las elecciones congresales un mes después de la segunda vuelta presidencial. Por eso Macron tiene mayoría en un Congreso en el que hay 8 bancadas.
Esta reforma es vital si queremos recuperación económica y democracia.
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